Vox vuelve a faltar al Pleno, "deber" por el que cobra 6.050 euros al mes

Los cuatro diputados de Vox en la Asamblea de Ceuta han vuelto a hacer pellas este miércoles. No han ido a trabajar, en este caso a cumplir con su obligación como electos, por lo que reciben 1.382,42 euros al mes, en el caso de Verdejo como portavoz 520,2 más, es decir, más de 1.900 por, habitualmente, sentarse en sus escaños dos mañanas.

Esta vez su excusa ha sido que el Pleno de reaprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento clave para orientar el desarrollo de la ciudad al menos durante los próximos 8 años, se ha “trasladado” de la mañana a la tarde para poder encajarlo con la visita del Gobierno de España para inaugurar el nuevo Centro de Salud del Tarajal.

Desde que el PP prescindió de su apoyo y Francisco José 'Patxi' Ruiz dejó el asiento que obtuvo a cambio al lado de Vivas, las inasistencias de los ultraderechistas al Pleno han sido habituales. A veces se han escaqueado con el boicot o la protesta política como argumento. Otras ni han esgrimido excusa alguna, pero la Mesa Rectora que integran Populares y socialistas no se ha decidido hasta ahora a meter mano a las retribuciones que Verdejo, Redondo, Ruiz y Cifuentes cobran cada mes.

A juicio de los técnicos consultados por este periódico, el Reglamento es claro en el sentido de que la asistencia a los Plenos "no es solo un derecho, sino también un deber", remunerado además, para los diputados. Por ello se pide, al inicio de cada Sesión, que se justifiquen las ausencias, aunque habitualmente se trata de un mero trámite con cuya acreditación no se es puntilloso.

El Reglamento de la Asamblea, al que tanto apela Verdejo cuando embiste a Vivas , establece que “la ausencia injustificada y reiterada” de un diputado a las sesiones del Pleno de la Asamblea y de las Comisiones de las que formen parte, y a la Junta de Portavoces en su caso”, producirá “la pérdida de la compensación económica a que tuviese derecho por asistencias a los órganos colegiados”.

También contempla sanciones de multa de hasta 90 euros y suspensión de funciones hasta dos meses por conductas como no ir “reiterada y voluntariamente” a los Plenos o las Comisiones.

Las sanciones las debe imponer el Pleno en sesión secreta, oída la Junta de Portavoces y a propuesta de la Mesa, siempre “de forma motivada” y “previa audiencia del interesado”.