El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una Proposición no de Ley en el Congreso y una moción en el Senado con el objetivo de poner en marcha una serie de medidas para el refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Una misión también ejecutada en Ceuta.
Por ello, insta al Gobierno de España a implementar de manera inmediata once acciones transversales.
La formación recuerda la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio en una persecución a una narcolancha en aguas de Huelva. Para Vox, “no resulta aceptable que quienes se enfrentan a organizaciones criminales dotadas de medios cada vez más potentes, violentos y agresivos carezcan de instrumentos suficientes para repeler ataques graves contra su vida e integridad física”.
Ese 8 de mayo, dos integrantes del Servicio Marítimo perdieron la vida en plena persecución de una narcolancha, en un caso que todavía sigue bajo investigación sin haber dado con los ocupantes de la misma.
Las muertes de los guardias civiles del Servicio Marítimo, el capitán Jerónimo Jiménez, de 56 años, y el agente Germán Pérez, de 55, mientras perseguían una narcolancha, ha dejado bloqueada a la Guardia Civil. En la Comandancia de Ceuta se compartieron, como en todas las demás, crespones negros en sus perfiles de redes sociales oficiales.
En el ámbito operativo y reglamentario, las iniciativas exigen dotar de inmediato a los agentes de la Guardia Civil con el equipamiento, armamento y munición adecuados frente a la criminalidad. Además de crear protocolos que cataloguen formalmente a las narcolanchas como fuerza letal para poder responder con una fuerza equivalente ante la desobediencia.
De hecho, fruto de los informes conocidos, se sabe que los ocupantes de las narcolanchas portan fusiles de asalto, con lo que su modo de proceder es directo contra la integridad de los componentes de la Guardia Civil.
Ha habido varias intervenciones que se han salvado con la intervención y el decomiso de armas de guerra que han sido localizadas en poder de narcotraficantes para, si son interceptados, provocar un ataque directo contra los integrantes del Instituto Armado, contra guardias civiles que, a su vez, van desprotegidos a estos destinos de lucha contra la criminalidad emergente.
Respecto al blindaje jurídico, desde Vox se exige reforzar el amparo legal de los guardias civiles en acto de servicio para evitar que sufran un calvario judicial o administrativo por actuaciones legítimas que han llevado a cabo en el cumplimiento de su deber.
Por otro lado, el documento demanda mejoras laborales y estructurales, destacando el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo. También la equiparación salarial real y permanente con el resto de cuerpos policiales y el freno definitivo al desmantelamiento de las Casas Cuartel en la España Rural.
De hecho, en informes remitidos al propio Gobierno se expone los continuos ataques que sufren los guardias civiles. “Se han mantenido las agresiones y hostigamientos a miembros de las FCSE. Los narcotraficantes, en ocasiones, no dudan en embestir vehículos terrestres y embarcaciones cuando perciben riesgo de interceptación o pérdida de la droga, evidenciando una mayor agresividad hacia los agentes”.
Aunque el número de incidentes violentos registrados contra los guardias civiles "no ha sido especialmente elevado en comparación con años anteriores", Seguridad Nacional avisa de que "se está detectando una mayor capacidad ofensiva", citando el uso de armas de guerra por estas organizaciones criminales.
El Gobierno ha reconocido a través de un Informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que hay más de 600 narcolanchas tipo go-fast sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, principalmente en el área del Estrecho de Gibraltar, contra las que tiene que lugar la Guardia Civil.
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