Vox Ceuta ha exigido este lunes el cese inmediato del director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), Antonio Bautista, al que acusan de “mala praxis en la aplicación de los protocolos de seguridad” tras la agresión sexual sufrida recientemente por una enfermera en el centro. Para el partido, “es urgente que en Delegación del Gobierno den la cara” tras este incidente, y aseguran que “muchas voces de trabajadores” responsabilizan al director por no frenar “un ambiente cada vez más violento por parte de los residentes”.
La formación también insta a la Delegación del Gobierno a esclarecer si tiene conocimiento de los hechos denunciados por medios de comunicación, según los cuales el director habría intentado evitar que se denunciara la agresión y además habría pagado los gastos de alojamiento del agresor en una pensión. En palabras de Vox, se trata de una cuestión “especialmente grave” que “debe tener consecuencias” y para la que “se deben depurar responsabilidades”.
Además, Vox quiere saber si se ha programado la expulsión del inmigrante ilegal de origen guineano condenado por la agresión, y manifiesta su preocupación por que pueda ser trasladado a la península. El partido denuncia que “el Gobierno no puede estar permitiendo que agresores condenados deambulen libremente por todo el país, sabiendo que volverán a delinquir”.
Vox también ha anunciado que formulará preguntas en el Congreso sobre lo ocurrido, tanto en la Comisión de Interior como en la de Trabajo y Migraciones. El objetivo, según explica la formación, es que el Ejecutivo responda si tiene constancia de los hechos publicados sobre “la actuación del director del CETI y la mala praxis en la activación de los protocolos de seguridad”, así como sobre “la falta de protección de los trabajadores del centro”.
El presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha sido tajante en su valoración de la situación. “Esto es inaceptable y no vamos a consentir que se mantenga al frente del CETI a un director que ha demostrado la falta de cualquier criterio y profesionalidad para gestionar un centro de inmigración con el nivel de conflictividad que tiene el de Ceuta”, ha asegurado.
Redondo añade además que Bautista “no solo está poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores del centro, sino que además, según se ha hecho público, estaría intentando ocultar, cuando no minimizar, todas estas acciones violentas y agresivas”. Por todo ello, Vox reclama que “se abra una investigación exhaustiva por parte de Delegación del Gobierno sobre la actuación del director del CETI desde que tomó posesión del puesto”.
UGT Sanidad también ha alzado la voz tras la agresión sufrida por una enfermera en el CETI, exigiendo al director del centro que se cumplan “todos los protocolos ante una situación tan aberrante y vergonzosa”. El sindicato ha mostrado su solidaridad con la trabajadora agredida, a quien ha puesto a disposición sus servicios jurídicos, y ha reclamado que se garantice la seguridad de la plantilla: “Esperamos que estos hechos no vuelvan a suceder y que los trabajadores puedan acudir a sus centros de trabajo con total normalidad”.
Desde la organización sindical se ha condenado con firmeza la agresión, asegurando que “podría haberse evitado” si se hubieran adoptado las medidas adecuadas. Por ello, han advertido de que estarán atentos a las acciones que se lleven a cabo tras lo sucedido y han reiterado su respaldo a la víctima.
El Colegio Oficial de Enfermería de Ceuta también ha condenado “con firmeza” la agresión sufrida por una profesional durante el ejercicio de sus funciones en el CETI. En un comunicado, la institución ha trasladado su apoyo incondicional a la compañera agredida, poniéndose a su disposición “en todos los ámbitos, incluido el de la asesoría jurídica”.
Desde el colegio profesional alertan de que este tipo de actos violentos, lamentablemente frecuentes, generan un clima de inseguridad entre el personal sanitario. Por ello, reclaman que las instituciones actúen “con contundencia” para prevenir nuevas agresiones y exigen que se proporcionen los medios necesarios para garantizar entornos laborales seguros.
Además, han reiterado su petición de que este tipo de agresiones se tipifiquen como delitos de atentado contra la autoridad, dada la especial vulnerabilidad del personal que trabaja en primera línea sanitaria. El colegio ha reafirmado su compromiso de seguir denunciando públicamente estas situaciones, ofreciendo apoyo legal y psicológico a los afectados y exigiendo la implantación de protocolos eficaces de prevención y actuación ante cualquier agresión a profesionales sanitarios.
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