El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha instado al Gobierno a que cualquier decisión relacionada con movimientos o actuaciones militares en el contexto del conflicto con Irán sea sometida a votación en el Congreso. Una consulta cuyo resultado sería de interés en Ceuta dada la guarnición castrense con base en la ciudad.
El dirigente se ha referido específicamente al envío de la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre, una medida que considera que debe contar con el respaldo o el rechazo explícito de los distintos grupos parlamentarios.
Durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede de la formación, Fernández ha dejado clara la posición de su partido respecto al conflicto, subrayando que Podemos se opone frontalmente a la participación de España mediante despliegues militares.
En este sentido, ha reiterado que la formación está "totalmente en contra" de que se envíen tropas españolas en el marco de esta guerra y ha apelado a evitar cualquier presencia de las Fuerzas Armadas que implique intervenir en el conflicto o apoyar estructuras militares aliadas en la región.
El también secretario de Organización de Podemos ha insistido en que el Ejecutivo debería actuar de acuerdo con el discurso que mantiene públicamente sobre la necesidad de evitar la escalada bélica.
"El Gobierno, como decimos, debe ser coherente con ese mensaje del 'No a la guerra'", ha afirmado. En relación con la decisión de enviar la fragata de la Armada a Chipre —medida que su partido rechaza—, ha defendido que una iniciativa de este tipo debería debatirse y votarse en el Parlamento.
A su juicio, lo adecuado sería que "pasase por el Congreso" y que "haya una votación en el Parlamento para que los grupos políticos se retraten y expresen su posición política".
La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el despliegue de la fragata ‘Cristóbal Colón’ hacia Chipre.
El jefe del Ejecutivo argumentó que España actúa con la "misma determinación" al defender el mensaje del 'no a la guerra' que al mostrar solidaridad con un socio comunitario. Según explicó, el objetivo es contribuir a la "defensa y la seguridad colectiva" de un país de la Unión Europea que se está viendo afectado por las consecuencias del conflicto en la región.
Sánchez también sostuvo que la misión cuenta con respaldo jurídico dentro del marco legal español. En concreto, señaló que el despliegue está contemplado en la "legislación nacional", en referencia a la Ley Orgánica de Defensa Nacional aprobada por las Cortes Generales en 2005. De acuerdo con el presidente, se trata de una operación con carácter defensivo y no ofensivo.
Desde la oposición, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha pedido igualmente al presidente del Gobierno que solicite la autorización del Congreso antes de enviar tropas o material militar a una zona de conflicto. El dirigente popular ha criticado que el Ejecutivo no haya recurrido a este procedimiento y ha sostenido que no lo hace "por miedo a sus socios".
Más allá del debate sobre el envío de la fragata, Podemos también ha planteado al Gobierno la necesidad de adoptar medidas destinadas a amortiguar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra de Irán.
Fernández ha señalado que, si el Ejecutivo está dispuesto a activar iniciativas relacionadas con Defensa sin esperar al pronunciamiento del Congreso, también debería considerar la incorporación de propuestas destinadas a proteger a la ciudadanía frente a los posibles efectos de la crisis internacional.
Entre las iniciativas que la formación propone se encuentran algunas que prevén registrar mediante una proposición de ley en el Congreso. En ese paquete de medidas figura el cierre de las bases militares estadounidenses situadas en Rota y Morón, así como la celebración de un referéndum para decidir sobre la permanencia de España en la OTAN.
El plan también incluye medidas de carácter económico y social. Entre ellas, Podemos plantea una reducción del 40% en el precio de los alquileres, la aprobación de una moratoria de al menos un año para los desahucios que afecten a familias vulnerables o la expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión inmobiliaria.
Además, el partido propone la puesta en marcha de un cheque energético de 300 euros destinado a hogares con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. También apuesta por recuperar el mecanismo de excepción ibérica para limitar el precio del gas, establecer topes a los márgenes de beneficio de las grandes superficies de alimentación, crear un supermercado público y garantizar la gratuidad del transporte público, entre otras iniciativas.
Para Fernández, estas propuestas son plenamente viables desde el punto de vista jurídico y presupuestario. "Todas son medidas totalmente factibles, tanto en coste económico como por existencia de vías legales en nuestro ordenamiento jurídico para llevarlas a la praxis, y únicamente se necesita voluntad política, una voluntad política de la que, a día de hoy, adolece el Gobierno", ha apostillado Fernández.
En paralelo a este debate, desde Movimiento Sumar también se han pronunciado sobre la necesidad de que las decisiones relacionadas con el conflicto pasen por el Parlamento. La coordinadora general de la formación ha mostrado su apoyo a la idea de que el Congreso vote cualquier actuación militar o medidas de respuesta ante la crisis internacional.
Según ha explicado, la Cámara Baja representa la sede de la soberanía nacional y, por tanto, "de alguna manera, tiene todo que someterse" a su consideración. No obstante, también ha matizado su posición al referirse al enfoque de Podemos en este asunto.
A su juicio, el actual contexto internacional exige prudencia y análisis detallado antes de adoptar decisiones o realizar declaraciones. En este sentido, ha advertido de que no es momento para recurrir al "pensamiento mágico" ni para proponer "fórmulas que se puedan resumir en lemas o consignas que vayan en una pancarta".
La dirigente ha insistido en que el escenario geopolítico actual es especialmente complejo y requiere actuar con cautela. "Entendemos que estamos en una situación verdaderamente delicada, de máxima convulsión internacional (...). Hay que medir cada paso, cada declaración y sobre todo actuar bajo los intereses de la ciudadanía", ha zanjado.
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