El Gobierno, a través de los partidos PSOE y Sumar, ha emplazado a Casa 47, la empresa pública de vivienda adscrita al Ministerio de Vivienda, a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios en todos los supuestos en los que la resolución de un contrato sea imputable al contratista. Esta petición surge tras casos recientes como el Parque Central de Ingenieros en Valencia y la Loma de Colmenar en Ceuta, donde los adjudicatarios no cumplieron con los compromisos contractuales.
La iniciativa de ambos partidos se basa en las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que en un informe de fiscalización revisó la actividad de Sepes, ahora rebautizada Casa 47, en la ejecución de vivienda pública entre 2018 y 2023.
El organismo presidido por Enriqueta Chicano detectó que, en varias ocasiones, la empresa se vio obligada a resolver contratos por causas imputables al contratista, tanto en la redacción de proyectos de urbanización como en la ejecución de obras.
Entre los casos destacados se encuentra la Loma de Colmenar en Ceuta, donde estaba prevista la construcción de 90 viviendas protegidas.
Según el informe, el contratista solicitó la suspensión del contrato, petición que fue denegada por Casa 47 y confirmada posteriormente en un contencioso-administrativo.
Finalmente, el consejo de administración de la empresa aprobó la resolución del contrato por causas imputables al contratista, dejando el proyecto en espera de nueva adjudicación.
Otro ejemplo señalado por el Tribunal de Cuentas es el Parque Central de Ingenieros en Valencia, destinado al desarrollo de viviendas sociales.
En este caso, Casa 47 inició la resolución del contrato del proyecto de urbanización, con un importe de adjudicación de 189.883,20 euros (IVA no incluido), debido a la falta de respuesta del contratista a los requerimientos del Ayuntamiento de Valencia.
La empresa dejó sin abonar el 60% del contrato y sus propios servicios técnicos finalizaron el proyecto. Posteriormente, las obras de urbanización se adjudicaron a Grupo Bertolín en octubre de 2024 por cerca de 1,2 millones de euros tras resolver los incumplimientos del adjudicatario anterior.
Para dar cumplimiento a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, PSOE y Sumar han registrado propuestas de resolución que instan a Casa 47 a estudiar la viabilidad de exigir indemnizaciones en todos los casos de incumplimiento de contratistas y, de ser procedente, iniciar los correspondientes procedimientos legales.
Las propuestas deberán debatirse y votarse en la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, y, en caso de aprobarse, se incorporarán al informe de fiscalización.
El objetivo de estas medidas es reforzar la responsabilidad de las empresas adjudicatarias en los proyectos de vivienda pública, asegurando que los incumplimientos contractuales sean compensados y que los proyectos como la Loma de Colmenar en Ceuta o el Parque Central de Ingenieros en Valencia puedan ejecutarse sin perjuicio económico para la administración pública.
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