Alo largo de las últimas semanas varios incidentes han empañado las excelentes relaciones que durante los últimos años han presidido la conexión Rabat-Madrid. Esta buena entente era más acusada, si cabe, en un contexto muy marcado por el distanciamiento entre Marruecos y su principal y tradicional aliado, Francia, a consecuencia de la persecución judicial en el Hexágono contra el máximo responsable de la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST, en sus siglas en francés), Abdellatif Hammouchi.
Una vez ha sido totalmente restablecido el clima de confianza franco-marroquí, tal y como quedó en evidencia con la reciente visita del primer ministro galo, el barcelonés Manuel Valls, quien fue recibido en calurosa audiencia por el propio jefe de Estado, Mohamed VI; por enésima vez se halla en tela de juicio la solidez del vínculo entre el país magrebí y su inmediato vecino septentrional, España. Sucesivos desencuentros y dramas han dejado al descubierto la fragilidad de los cimientos sobre los que se ha erigido la relación, la persistencia de los históricos elementos de tensión y, sobre todo, el desconocimiento y la desconfianza, siempre a flor de piel, entre las sociedades y medios de comunicación de ambos estados. El origen de este deterioro se hallaría en la participación en el Forum Crans Montana celebrado en Dajla, la antigua Villa Cisneros de la provincia sahariana española, del ex presidente español José Luís Rodríguez Zapatero. La presencia del otrora secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el Sahara Occidental, territorio objeto de un expediente de descolonización en el seno de Naciones Unidas pero que Marruecos reivindica como suyo y de facto administra, fue objeto de las críticas airadas del actual jefe de la diplomacia española, José Manuel García Margallo, que no pasaron ni mucho menos desapercibidas en el reino jerifiano. Poco después, el Despacho Central de Investigaciones Judiciales, conocido como el “FBI marroquí”, procedió a la desarticulación de una trama terrorista vinculada con el Estado Islámico y presencia en diferentes puntos del país, entre ellos Nador, a proximidad de Melilla. El comunicado del ministerio de Interior marroquí en el que se apuntaban los detalles sobre la operación indicó que las armas aprehendidas en la operación habrían entrado en Marruecos a través de la ciudad autónoma española, una afirmación que no sentó nada bien en Madrid. Entonces sobrevino el drama de los tres espeleólogos españoles, dos de los cuales resultaron muertos, en el Gran Sur marroquí, en la región de Uarzazate. Una tragedia sin paliativos, objeto de un gran revuelo mediático, sobre todo por haber Rabat declinado la oferta de colaboración española en las labores de salvamento. El legítimo rechazo de un país soberano a permitir la entrada de efectivos de la Guardia Civil para trabajar en la zona e intervenir en el rescate, y el deceso de dos espeleólogos tras la mediocre actuación de una Gendarmería Real poco -o nada- preparada para tales eventualidades, hicieron arreciar las críticas y condenas en los medios españoles. En el momento de redactar estas líneas parece inminente una denuncia ante la justicia española por “asesinato negligente del Gobierno marroquí”. En ningún momento nadie ha mentado lo temerario de ciertas conductas. Sí se ha incidido en lo evidente, a saber, las carencias de Marruecos a determinados niveles [Unas carencias que, por desgracia, no pesan tanto cuando son los autóctonos quienes las padecen, como ocurrió durante las más recientes lluvias torrenciales que acabaron con decenas de vidas y destruyeron viviendas, campos de cultivo y no pocas - e importantes - infraestructuras, a finales de 2014; o durante la ola de frío que un año más asoló el Medio y Alto Atlas marroquí, el pasado invierno]. En medio de estas aguas -ya- revueltas llegó el juez Pablo Ruz, quien parece más que resuelto a perseguir judicialmente a once responsables civiles, policiales y militares marroquíes por “genocidio” (sic) en el Sáhara Occidental, sobre la base de presuntos crímenes cometidos en la antigua colonia española entre 1975 y 1992. En el punto de mira del juez Ruz se sitúa el antiguo gobernador de la administración territorial, Abdelhafid Ben Hachem, el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou, el vice-gobernador de la misma provincia, Hassan Ouchen, el director financiero de la policía judicial, Sami Ben Brahim, el comisario El Arbi Hariz, el coronel de las Fuerzas Armadas Reales, Abdelhak Lemdaour, el coronel responsable de la Gendarmería Real en Agadir, Driss Sbai, así como los coroneles Lamarti, Moulay Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri. El magistrado español reabre un dossier iniciado en 2007 por Baltasar Garzón tras el descubrimiento de una fosa común en Amgala, en la que los investigadores habría encontrado los restos de ocho cadáveres. Las autoridades de ambos países multiplican las declaraciones y los gestos, queriendo denotar la fortaleza de los nexos, la densidad de intereses compartidos y de la cooperación hispano-marroquí, así como la necesidad de seguir seguir colaborando de forma estrecha para enfrentar el terrorismo islamista, la emigración ilegal y el tráfico de estupefacientes. El titular de Exteriores y de la Cooperación del Reino de Marruecos, Salahedine Mezouar, estuvo hace apenas unos días en Barcelona donde, en el marco de la cumbre antiterrorista auspiciada por España, aprovechó para evidenciar la proximidad entre estados. Colchón de intereses mediante, ¿aguantarán en esta ocasión los puentes? ¿Nos aproximamos de modo indefectible a un nuevo desencuentro? ¿Qué impacto tendrán las próximas citas electorales en España y la irrupción de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos en las relaciones bilaterales? ¿Acaso volverán las aguas hispano marroquíes a su cauce (revuelto)?
