Una vivienda y un garaje en avenida Reyes Católicos buscan dueño por 56.000 euros

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ceuta ha convocado una subasta judicial en vía de apremio para la ejecución de una deuda por un importe total reclamado de 146.352,93 euros. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado el anuncio de subasta de una vivienda situada en la avenida Reyes Católicos.

La subasta se refiere a dos bienes inmuebles, concretamente una vivienda y una plaza de garaje situadas en el mismo edificio en la avenida de los Reyes Católicos.

Detalles de la subasta

El valor de subasta total se ha fijado en 56.071,23 euros, aunque el precio de tasación de los bienes asciende a 202.424,16 euros, lo que representa una considerable diferencia. A pesar de ello, el procedimiento establece una puja mínima igual al total de la deuda reclamada, es decir, los 146.352,93 euros, por lo que cualquier oferta inferior no será admitida.

Las pujas deberán realizarse en tramos de al menos 1.000 euros, y los interesados en participar deberán realizar un depósito previo de 2.803,56 euros.

Los bienes subastados están libres de ocupantes, lo cual puede resultar especialmente atractivo para potenciales postores. La vivienda se sitúa en la quinta planta del edificio y cuenta con una superficie construida de 93,98 metros cuadrados. No consta que sea visitable antes de la subasta.

Por su parte, la plaza de garaje se encuentra en la planta semisótano del mismo inmueble, y tampoco presenta ocupación registrada ni visitas previstas.

Información de interés

¿Quiere saber cómo debe pujar por este bien intervenido? Los datos concretos y todos los pasos figuran en el Boletín.

La subasta se llevará a cabo a través de un sistema de pujas progresivas. La puja mínima será de 146.352,93 euros y el tramo entre pujas será de 1.000 euros. Los interesados deberán realizar un depósito previo de 2.803,56 euros para poder participar en el proceso, lo que garantiza que los nuevos compradores son serios y solventes en su intención de adquirir el inmueble. Este depósito es reembolsable si el licitador no resulta adjudicatario del bien.

La autoridad gestora encargada del procedimiento es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ceuta.

Contexto legal

Las subastas judiciales en vía de apremio forman parte del procedimiento de ejecución forzosa previsto por la legislación española, que permite a los acreedores recuperar importes pendientes mediante la realización de los bienes del deudor. En este caso, los bienes objeto de la subasta han sido embargados como garantía de la deuda reclamada judicialmente.

Este mecanismo es regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil y requiere la intervención directa del juzgado competente, quien garantiza tanto la legalidad del proceso como la correcta notificación a las partes.

Oportunidad para inversores

Este procedimiento forma parte de las subastas administrativas que regula la Ley 19/2015 de 13 de julio, la cual tiene como finalidad unificar y proporcionar mayor transparencia a los procesos de ejecución por deudas contraídas. La normativa tiene como principal objetivo garantizar que los bienes afectados por estas subastas sean vendidos de manera justa y eficiente, beneficiando tanto a la Administración como a los potenciales compradores.

De este modo, el portal único de subastas del BOE se convierte en una herramienta fundamental para centralizar y simplificar los trámites relacionados con las subastas administrativas. A través de este portal, cualquier persona interesada puede consultar, acceder e incluso participar de manera totalmente digitalizada, asegurando la máxima transparencia.

Para los inversores, este tipo de procedimientos ofrece una alternativa interesante para adquirir propiedades con un potencial de revalorización, mientras que para los particulares puede ser una oportunidad de obtener una vivienda en condiciones ventajosas.

A través del portal del BOE, cualquier ciudadano puede participar. La subasta se convierte, así, en una vía eficiente para saldar deudas tributarias y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a la propiedad para quienes estén interesados.