El Consejo de Gobierno someterá este viernes a consideración el inicio de una acción judicial contra el ya exviceconsejero y primer tránsfuga del PP, Rachid Ahmed, después de las manifestaciones vertidas en rueda de prensa sobre la corrupción.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, propondrá mañana dar este paso al resto de su equipo para, una vez acordado, presentar una demanda de conciliación, siguiendo así con el trámite habitual en otros procesos.
La Ciudad confirmó este extremo en un comunicado oficial, toda vez que desde la institución municipal se quiere que Ahmed precise en sede judicial “cuáles son los delitos que atribuye a este Gobierno y quién, cuándo y cómo los ha cometido”, detalló el Ejecutivo en un comunicado oficial en la tarde de ayer.
El exviceconsejero manifestó en rueda de prensa el pasado lunes que se marchaba del Gobierno y del PP “harto de la forma en la que, de un tiempo para acá, se está desenvolviendo el PP, tanto a nivel nacional como local, con la corrupción”. Y claro, ahora el Ejecutivo, después de las advertencias de la portavoz popular, Yolanda Bel, recomendando no meterse en charcos de los que luego no se puede salir, quiere que Ahmed aclare delante de un juez dónde está esa corrupción.
Desde el Gobierno de la Ciudad se critica que el hasta hace poco compañero de filas haya comparecido para hablar de asuntos tan graves como la corrupción sin prueba alguna y sin concreciones. De igual forma se considera grave la referencia hecha al “cohecho sin que en este Gobierno esté o haya estado ni imputado ni tan siquiera investigado ninguno de sus miembros por este delito”, aclararon fuentes oficiales.
Así también, el Ejecutivo ha mostrado su queja porque en su comparecencia Ahmed se hubiera referido a casos ya archivados en la fase de instrucción como si aún estuvieran investigándose e incluso haya identificado “como corrupción hechos que no están tipificados como delito”.
La propia Bel ya recalcó en rueda de prensa que en los 14 años de gobierno popular nunca se había producido un caso de corrupción ni, tampoco, se había llevado proceso judicial alguno por delitos como cohecho, negando así también casos juzgados por este asunto. De esta manera mostraba el malestar del Gobierno por un lado y del partido por otro, tras las acusaciones de Ahmed sacando a debate público la existencia de corruptelas y mentando específicamente a miembros de partido y Gobierno que, tras ser denunciados, han visto como los distintos casos abiertos se han archivado.
El caso del imputado fantasma y el olvido del archivo
En su polémica comparecencia ante los medios, el exviceconsejero que nunca llegó a ser potenciado en un cargo mayor, repudió “el nepotismo” con el que a su juicio se mueve Juan Vivas, apuntillando que “no solo ha obviado la meritocracia a la hora de conceder cargos gubernamentales a personas no electas sino que incluso se los ha dado a personas imputadas como su cuñado”. Hablaba de Benjamín Álvarez, viceconsejero de Medio Ambiente, pero dejaba algo esencial en el camino: el archivo del caso y por tanto, el dato, clave, de que Álvarez ya no está imputado. La titular del juzgado de instrucción número 1 dictó auto el pasado octubre en base al cual confirmaba el archivo de las actuaciones iniciadas contra el propio Álvarez, la que fuera consejera de Deportes, Kissy Chandiramani y el anterior responsable máximo del ICD, Víctor Íñiguez, ya que los hechos denunciados “no son constitutivos de infracción penal”. ¿Y cuáles eran esos hechos? La colocación, durante un mes, de una persona procedente de Colaboración Social en un pabellón deportivo, debido a dos bajas consecutivas de trabajadores: una por fallecimiento y otra por una notificación penal. La prestación fue de marzo a abril, obteniendo el visto bueno de los sindicatos CCOO y CSIF, acordándose por unanimidad en comisión mixta. UGT en cambio optó por llevar el caso a los tribunales, topándose con el archivo. Se ha confirmado un recurso de UGT a la Audiencia que tendrá que determinar su firmeza o no después de un sobreseimiento inicial y un archivo en el juzgado. Curiosamente ese recurso se eleva solo contra las personas de Álvarez y Chandirami, mientras que no contra Íñiguez que era el responsable de la firma (en su caso la resolución sí que es firme). La denuncia era por un presunto delito de prevaricación al no haberse cumplido lo establecido en el artículo 21 del convenio colectivo y atentarse contra los principios de méritos y capacidad. No obstante, la jueza determinó que sí se dieron los pasos establecidos y legales.
