Es un discurso que se repite en boca del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en cada ocasión en que por parte de la oposición se pone en entredicho distintas actuaciones económicas y fiscales del equipo de gobierno. Y ayer volvió a señalar que el Ayuntamiento de Ceuta sigue siendo una administración “solvente, tanto desde el punto de vista económico y financiero”.
En relación con las acusaciones que el día anterior el primer grupo de la oposición Caballas había realizado sobre desviaciones en el capítulo de gastos vino a señalar que “las desviaciones en gastos dentro de los presupuestos las hay y las ha habido siempre y también se dan en el capítulo de ingresos. Forma parte de algo habitual, pero ello no puede tender a confundir en lo fundamental, como es la solvencia de la administración autonómica”.
La coalición Caballas anunció que remitirá al Ministerio de Hacienda y al Tribunal de Cuentas (Tcu) los “al menos 7 millones” en facturas sin consignación presupuestaria que la Ciudad Autónoma ha acumulado “en los cajones” durante este verano. Es, creen Ali y Aróstegui, lo único que pueden hacer tras pedir al Ejecutivo local sin éxito que exigiese responsabilidades penales a los políticos que incurren en este tipo de gastos “y de que el propio Gobierno haya incumplido su compromiso firme de no volver a caer en este vicio tras reconocer deudas comerciales por 82 millones que todos los ceutíes estamos pagando al 5% de interés”.
Plan de Ajuste
“El Gobierno del PP”, ha recordado Ali en rueda de prensa, “está incumpliendo el Plan de Ajuste al que debe someterse obligatoriamente y a fecha de hoy ya debe 3 millones de euros a Cadagua por la desalación de agua; 500.000 euros a la concesionaria del mantenimiento del alumbrado público; 650.000 a la suministradora de electricidad; medio millón a FCC; 300.000 a EOC; 200.000 a Aquasur y otros 500.000 a diferentes sociedades”.
Comentó el jefe del ejecutivo que ayer por la mañana, tras la rueda de prensa de Caballas, le había solicitado al tesorero cual era el estado de las arcas municipales. Pues bien, tienen disponible algo más de dos millones de euros y luego en créditos que han concedido los bancos y que no están dispuestos, más de seis millones y medio de euros. A ello se debe añadir que por parte de la Administración General del Estado aún no se ha abonado, por ejemplo, la asignación para la producción de agua, o los Planes de Empleo o la compensación por el IPSI correspondiente al presente ejercicio que será el año que viene. Quiso dejar bien claro que este último punto no suponía una crítica al Estado, “sino que son una serie de gastos devengados y que aún no se han abonado”.
No desea el jefe del ejecutivo de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, que se ponga en tela de julio la labor de estabilidad y de saneamiento financiero que ha llevado a cabo la Administración autonómica, donde en los últimos dos años y medio se han abonado más de noventa millones de euros, correspondientes a la deuda que tenía la Ciudad Autónoma.
Saneamiento
Además, incidió en que se han tomado medidas muy importantes de saneamiento, sin que, en ningún momento se pusieran en peligro las líneas maestras de la política municipal como el mantenimiento de los servicios públicos y de los puestos de trabajo estructurales dentro de la Administración, el impulso del gasto social o el continuar con las inversiones. Y que esa es una de las causas del estado de saneamiento económico, junto con la ayuda de la Administración General del Estado.
De todas maneras, señaló el presidente de la Ciudad Autónoma, que será el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Emilio Carreira, el que dará cumplida cuenta de una respuesta al grupo parlamentario de Caballas.
Lo más probable es que Carreira utilice su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno de mañana jueves para realizar una valoración sobre esta cuestión.
