El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que ayer participó en Lisboa en la inauguración de una exposición relacionada con el sexto centenario de la llegada de los lusos a Ceuta, está “recopilando información” sobre la situación de Javier Sánchez-Paris Contreras, que fue nombrado asesor el pasado 28 de julio pero que ha seguido de alta en el turno de oficio como abogado alegando que ese puesto como personal eventual del sector público no conlleva un horario fijo que le impida compatibilizarlo con ese desempeño como letrado.
Fuentes del Ejecutivo local explicaron ayer a este periódico que el presidente “desconocía” esta circunstancia y que a su vuelta a Ceuta decidirá cómo resolver el asunto.
Sánchez-Paris Contreras, hijo del que fuera jefe de Gabinete de Vivas, tiene guardia el próximo viernes, por ejemplo, para Extranjería, Frontera y Expedientes de Expulsión pese a que la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas establece como “principio fundamental” el de la dedicación del personal al servicio de lo público “a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio publico, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”.
El abogado, tal y como han confirmado también desde el Gobierno de Ceuta, no solicitó compatibilidad para intentar seguir trabajando en el turno de oficio después de que, en el BOCCE del pasado 28 de julio, su nombre apareció junto a los de José Luis Grimaldi y Jesús María González Barceló como nuevos asesores del Ejecutivo, responsabilidad que tiene asignadas unas retribuciones superiores a los 2.500 euros mensuales: 720 de sueldo, 535 de indemnización por residencia, casi 400 de complemento de destino y cerca de 1.600 como complemento específico.
Los abogados del turno de oficio perciben un fijo que ronda los mil euros por trimestre. Aparte, si en alguna de sus guardias (entre una y tres al mes) coincide la tramitación de expedientes de expulsión (suelen ir de diez en diez) u otra acumulación de asuntos los ingresos se pueden multiplicar “hasta 6.000 ó 7.000 euros”, tal y como han explicado abogados locales.
El nombramiento y cese del personal eventual de la Ciudad Autónoma es “libre” y corresponde al presidente. Aparte, estos trabajadores cesan automáticamente cuando se produce el del líder del Ejecutivo local o expira el mandato “de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento”.
