Presentada ante el TSJA, se basa en que los funcionarios en servicios especiales no pueden cobrar el plus de residencia
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, debería devolver a las arcas de la Ciudad Autónoma algo más de 70.000 euros si prosperara una demandad que el partido Ciudadanos ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al considerar que ha podido percibir de manera ilegal el plus de residencia, en su cargo de máximo responsable de la Ciudad Autónoma. En el mismo caso del presidente Vivas se encontraría, en la actualidad, los consejeros Emilio Carreira, Mabel Deu y Jacob Hachuel, además de quien se acaba de incorporar como consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya, a partir de que cobre su primera nómina.
¿Cuál es la base jurídica de este contencioso auspiciado por Ciudadanos? En la rueda de prensa ofrecida por el portavoz y único diputado de esta formación política en la Asamblea autonómica, Javier Varga, pone en tela de juicio la base 29 de los Presupuestos de la Ciudad Autónoma que es la que regula las retribuciones de los miembros del Gobierno.
Para Ciudadanos, las únicas persona que pueden percibir la indemnización por residencia en su nómina son los funcionarios, ya sean de la Administración General del Estado o de la Administración autonómica, que estén en activo y no en servicios especiales como es el caso de todos estos integrantes del equipo de Gobierno. Argumentó que esta medida se adoptó en tiempos del Gobierno del Gil y que luego tras la llegada del presidente Vivas a la máxima responsabilidad de la Ciudad no fue derogada.
Estatuto de la Función Pública Además, mantiene que el propio Estatuto Básico de la Función Pública establece que nada más que se pueden cobrar los trienios y no la indemnización por residencia y que es el propio Estado el que abona los trienios a Carreira, Hachuel o Deu, y que en el caso de la Ciudad lo hará el mismo Ayuntamiento para Vivas.
Lo que no se explicaba el propio Varga es donde se encuentran los técnicos que están obligados a cumplir con lo establecido por la legislación y quienes fiscalizan las nóminas de los trabajadores de la Ciudad Autónoma, “porque es una manera encubierta de incrementar los sueldos”. No está en contra de la cantidad que cobre cada uno de los integrantes del Consejo de Gobierno, sino que lo hagan sobre conceptos que sean completamente legales.
Recuerda que hace un tiempo ya pidieron que las nóminas de los altos cargos de la Ciudad Autónoma fueran pública y se aprobó en pleno, pero no se ha llegado a cumplir por parte del Gobierno.
Sobre los datos del propio presidente argumentó que su sueldo bruto en 2016 era de algo más de 87.000 euros y que de ellos, casi 18.000 correspondiente a indemnización por residencia.
En una cifra media que ha calculado el propio portavoz de Ciudadanos en la Asamblea autonómica, el total de lo que deberían devolver los políticos que conforman ahora mismo el equipo de Gobierno rondaría aproximadamente los 300.000 euros.
Quiso dejar bien claro que nada más que se puede solicitar la devolución de los últimos cuatro años porque es el máximo tiempo que permite la legislación para pedir el reingreso de cantidades que no se hayan percibido de manera legal.
C,s también verá el caso con los 10 directores generales
Aunque el mismo portavoz de Ciudadanos manifestó que son los integrantes del equipo de Gobierno los que ahora mismo se verían afectados por la sentencia si saliera favorable a sus planteamientos, también recogió que en el mismo caso se encontrarían a los mejor los diez directores generales con los que cuenta el equipo de Gobierno. Ahora han de analizar si estos funcionarios que son designados por el presidente de la Ciudad Autónoma para ocupar dichas plazas se encuentran igualmente en el caso de funcionarios en servicios especiales.
De todas maneras, han señalado que desde que se aprobaron los presupuestos han estado pidiendo información al equipo de Gobierno y que lo único que habían conseguido eran dos escritos firmados por Susana Román, que datan de finales del mes de enero, donde daba una relación de los integrantes del equipo que son funcionarios en servicios especiales y luego una serie de argumentaciones sobre las razones por las cuales percibían las citadas cantidades en nómina.