Los veterinarios de Ceuta han mantenido este miércoles una reunión con la delegada del gobierno con el objetivo de transmitirle sus demandas al sentirse “gravemente afectados” por la vigente ley de medicamentos.
Una normativa impuesta por el Ministerio de Agricultura que indican que, según explican, “ponen en riesgo el bienestar y la salud animal” ya que comentan que las palabras del propio dirigente de la cartera, Luis Planas, de que tienen libertad de prescripción informan que es “falso” y que “para el ministro, los veterinarios no existimos”.
Es por ello que exigen ser escuchados y atendidos porque “los veterinarios somos los únicos profesionales cualificados para prescribir y garantizar el uso responsable de medicamentos en animales”. Además, añaden que su labro “protege la salud animal y, por extensión, la salud pública.
Asimismo, subrayan que son sanitarios, pero la legislación española “ignora esta realidad, imponiendo restricciones a los medicamentos que no existen en la mayoría de los países europeos y dificultando gravemente nuestra labor diaria.
Evidencia científica
Para justificar su argumentación, los veterinarios señalan que como profesionales fundamentan sus tratamientos en “la evidencia científica, los avances médicos y los consensos internacionales” y no en “fichas técnicas desactualizadas que, en muchos casos, no reflejan el conocimiento actual”.
Por esta razón, “la imposibilidad de ajustar dosis o vías de administración, según las necesidades del paciente, dificulta la eficacia de los tratamientos y pone en riesgo su salud”, apuntan.
Sistema de prescripción “obsoleto y contraproducente”
Sobre la normativa española expresan que esta impone “un sistema rígido y homogéneo de prescripción”, aunque cada especie animal posee necesidades médicas específicas. Por esta razón, indican que en España se ven obligados a “seguir un sistema inflexible, que limita nuestra capacidad para ofrecer tratamientos efectivos y adecuados a cada caso”.
Demasiada burocracia
En otro orden de cosas, los veterinarios reclaman que llevan años aplicando medidas probadas contra las resistencias antomicrobianas.
Sin embargo, explican que la plataforma PRESVET “añade una carga burocrática innecesaria, que es inexistente en otros países europeos, sin beneficios demostrados para el control efectivo de estas resistencias”.
Es por ello que exigen la “derogación inmediata” del Real Decreto 666/2023, debido a que “la lucha contra las resistencias antimicrobianas debe ser una responsabilidad compartida por todas las profesiones sanitarias”.
Bloqueo a tratamientos veterinarios
Seguidamente, señalan que, en Europa, “los veterinarios pueden suministrar directamente los medicamentos necesarios para garantizar la eficacia y continuidad de los tratamientos”.
En cambio, en España, la falta de acceso directo a estos medicamentos “obliga a los propietarios a recorrer farmacias en busca de fármacos, con el riesgo constante de no encontrarlos o recibir sustituciones inapropiadas, poniendo en riesgo la salud de los animales”, denuncian.
IVA injusto
La implantación del IVA general del 21% para los medicamentos para animales es otro de los problemas a los que hacen mención, ya que demandan que la salud animal “es una prioridad”.
Este hecho “encarece considerablemente los tratamientos, perjudicando especialmente a los propietarios más vulnerables y afectando negativamente al bienestar animal”; por esta razón, los veterinarios demandan un IVA reducido.
Consultar la legislación con los veterinarios
Para finalizar, exigen la legislación veterinaria española que se equipare a los estándares europeos, que se base en “criterios científicos, realistas y elaborada con la participación activa de los profesionales veterinarios, quienes realmente conocen las necesidades del sector”.
A modo de resumen, demandan una regulación “justa” y equiparable al resto de Europa, “que nos permita seguir protegiendo la salud animal, la salud pública y dignificando nuestra profesión”.
Por esta razón expresan que llegarán “hasta donde sea necesario” y recalcan que deben dejarlos trabajar “con conciencia y criterio profesional, al igual que al resto de veterinarios de la Unión Europea”.
