La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta dejó visto para sentencia un
juicio en el que se acusa al llamado J.M.G. por un delito contra la salud pública en relación con el
comercio al no contar con las pertinentes facturas sobre unos
moluscos.
Tras escuchar a los testigos, el Ministerio Fiscal solicitó una sentencia condenatoria y que al acusado se le impusiera la pena de 2 años de prisión, multa de 9 meses a razón de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de dicha multa de 120 días. Además de todo ello, pidió inhabilitación especial para la profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de 4 años, así como las costas procesales.
Los hechos a los que se hizo referencia en este juicio ocurrieron el 21 de enero de 2019. El inspector de Sanidad relató en la vista oral que en la ciudad estaba
habiendo un brote de hepatitis por lo que se incrementaron las inspecciones en los distintos establecimientos.
El inspector explicó que al llegar a este bar comprobó diferentes deficiencias referidas a documental así como de equipamiento e higiénico aunque señaló que “lo más grave” es que no contaba con factura alguna de coquinas, conchas finas y almejas japonesas. “Es muy grave porque puede producir muchas enfermedades a las personas”, señaló.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2019
Asimismo, el inspector de
Sanidad indicó que los propietarios de los establecimientos tienen siempre que pedir facturas, ya que es un deber cuando tienen una inspección. “Aunque conozcan al proveedor y tengan confianza con él, es un documento muy necesario para conocer si el producto ha pasado los pertinentes controles sanitarios”.
El acusado, por su parte, no negó en ningún momento que carecía de facturas, además reconoció que fue culpa suya “por la confianza” y que si hubiera tenido ese documento “hoy no estaría aquí acusado de nada”.
Explicó que acude todos los días a los puestos del mercado central y allí realiza sus compras. Que no siempre compra al mismo pescadero porque va buscando “calidad y precio”. Asimismo señaló que daba “por hecho” que al realizar la compra en los puestos del mercado esos productos han pasado por un “control sanitario”.
Por último, el acusado quiso dejar claro que sabía que era su culpa “el no contar con una factura” pero que quiso pedírsela a posteriori al pescadero que le realizó las compras y este ya “se negó” porque no quería ser investigado por Sanidad.
En la vista no quedó acreditado que el acusado era conocedor de que estuvieran en mal estado.
En la lectura de los informes el Ministerio Fiscal solicitó una sentencia condenatoria mientras que la Defensa pidió una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables hacia su representado.