El velo

He leído con atención el reportaje publicado en marzo de 2026 en Público, titulado El desguace de la Sanidad Pública, que recomiendo vivamente. En su artículo de portada, el director del medio establece un paralelismo entre un Estado del bienestar fuerte y la teoría del filósofo estadounidense John Rawls. Rawls, sin abandonar el marco del pensamiento capitalista, imaginaba que una persona racional situada tras un velo de ignorancia, sin saber cuánto dinero tendría, a qué clase social pertenecería, cuál sería su inteligencia o su fuerza, elegiría tres principios fundamentales: Iguales libertades básicas para todos, Igualdad equitativa de oportunidades para acceder a los bienes sociales (trabajo, educación, sanidad), Desigualdades económicas solo si benefician a los menos aventajados.

Desde esa perspectiva, la persona hipotética de Rawls diseñaría una sociedad con una sanidad pública fuerte, universal y accesible, donde el tiempo de espera no dependiera de tener un seguro privado y donde el funcionamiento de un hospital no estuviera subordinado a la cuenta de resultados de un fondo de inversión. El mismo razonamiento se extendería a la educación, la vivienda, las pensiones o los cuidados de las personas dependientes.

Sin embargo, hoy asistimos a un proceso de desguace de la Sanidad Pública, impulsado por una estrategia de privatizaciones que, como recuerda Rafael Bengoa, carece de evidencia científica que avale su eficacia. La investigación The effect of health-care privatisation on the quality of care, publicada en The Lancet en marzo de 2024, concluye que “la involucración del sector privado prácticamente nunca ha tenido un efecto positivo sobre la calidad de los cuidados”.

En cuanto a la supuesta mayor eficiencia financiera del sector privado, estudios recientes muestran que la reducción del gasto se logra a costa de recortar personal y de aplicar selección adversa de pacientes, es decir, atendiendo preferentemente a personas más sanas. Este mecanismo termina aumentando el gasto sanitario global y normalizando desigualdades.

La privatización consiste, en esencia, en transferir la provisión de servicios clínicos a entidades privadas. Puede hacerse mediante subcontratación de servicios, algo ya extendido en comunidades autónomas de todo signo político, o mediante la gestión privada de hospitales públicos, que por definición no deberían tener ánimo de lucro. Esta contradicción se ha convertido en una estrategia central en comunidades conservadoras, pese a los malos resultados observados en países como Gran Bretaña o Australia.

Durante la dictadura, la sanidad española estaba vinculada a la cotización a la Seguridad Social: quien trabajaba tenía derecho a asistencia; quien no, dependía de la “beneficencia”, gestionada por ayuntamientos y organizaciones caritativas o religiosas. Todo cambió en 1986 con la Ley General de Sanidad, que desvinculó la atención sanitaria de la cotización y la reconoció como un derecho universal, reservando a la sanidad privada un papel complementario y excepcional.

En 1991, el Gobierno presentó el Informe Abril, que diagnosticaba problemas estructurales del sistema: financiación insuficiente, ineficiencia en la gestión, desigualdades territoriales y sobrecarga de la atención primaria. Entre sus propuestas figuraban aumentar el peso de los impuestos generales, separar financiación y provisión, profesionalizar la gestión, reordenar servicios e introducir una “competencia” interna regulada. Estas ideas generaron críticas por el riesgo de privatizaciones encubiertas, desigualdades territoriales y un enfoque excesivamente economicista.

En 1997, la Ley 15/1997, aprobada bajo el gobierno de José María Aznar, permitió que empresas con ánimo de lucro gestionaran servicios sanitarios públicos. A partir de ahí comenzó un proceso de privatización que arrancó con el Hospital de Alzira en Valencia y continuó con los modelos mixtos impulsados por Esperanza Aguirre en Madrid, profundizados posteriormente por Isabel Díaz Ayuso.

El mecanismo es sencillo: Se infrafinancia el sistema público o se deja sin personal suficiente. Cuando llega el colapso, se recurre a la sanidad privada. Ese recurso se convierte en norma, y el desguace del sistema público avanza, permitiendo que la sanidad privada gane terreno. Esto es lo que está ocurriendo hoy en Andalucía y en otras comunidades de tendencia conservadora.

Revertir esta tendencia es una prioridad. Se trata de hacer más eficiente la gestión pública desde lo público, no de introducir empresas privadas cuyo objetivo es el lucro. Este es el velo de ignorancia que debemos levantar colectivamente: comprender que, si no supiéramos quiénes seremos mañana, elegiríamos proteger un sistema sanitario público, universal y fuerte, porque es la opción racional, justa y que garantiza la igualdad real.