Catorce velas encendidas en una sala de la sede de la ONG Luna Blanca han iluminado el recuerdo de los migrantes que en 2014 perdieron la vida en su ruta hacia Ceuta. Catorce llamas que han sido encendidas para que sus muertes sirvan para aprender de cara al futuro.
El seis febrero Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc Roger Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blaise y otro compañero sin identificar no consiguieron pisar tierra firme. Tras de sí dejaron un reguero de sueños, de oportunidades y, sobre todo, de esperanza.
Han pasado doce años desde que el mar fue testigo de su final. Poco más de una década en el que sus nombres han servido para pedir una respuesta en los juzgados y para repensar las políticas migratorias actuales.
La XIII Marcha del Tarajal ha traído del pasado al presente ese negro episodio de la migración hacia España, una historia que desde la ciudadanía se rememora para exigir cambios y reflexionar.
Este 2026 Francia, Alemania, Italia, Marruecos, Costa de Marfil y España se han unido en un mismo gesto y manifiesto. Ceuta, ciudad muy próxima al escenario del suceso, se ha sumado al movimiento como cada año.
Las lluvias y las fuertes rachas de viento no han logrado pausar la edición de este año. Las instalaciones de la ONG Luna Blanca han refugiado a los participantes que, con carteles en la mano, se han congregado para hacer públicas sus denuncias y exigencias.
Reunidos al calor de las velas, han mostrado su desacuerdo con el estado actual del procedimiento judicial “que sigue pendiente de amparo ante el Tribunal Constitucional que admitió a trámite el recurso en junio de 2023”.
Ante esta situación han demandado que se retome y que el órgano judicial “reconozca que se han violado los derechos fundamentales de las víctimas y de sus familias”. La circunstancia actual del trámite les ha servido de puente para aludir al estado español y a su “racismo institucional cada vez más explícito, más presente y más normalizado por una parte de la sociedad”.
No solo el país ha estado en el punto de mira en su discurso. Los defensores de la búsqueda de una resolución a las catorce personas fallecidas también han sacado a relucir las acciones tomadas por la Unión Europea.
“Avanza a toda prisa hacia una nueva ley de deportación que facilitará su persecución y detención, su deportación a naciones no seguras e incluso en las que nunca han estado”, ha criticado María Jiménez, organizadora del evento que ha dado voz al mensaje del grupo.
La normativa en camino no ha sido el único aspecto rechazado de forma pública por los integrantes de la Marcha por la dignidad. Han afirmado que, la elaboración del Pacto de las Migraciones y Asilo “se implementa sin transparencia ni debate público”.
Sin embargo, dentro de toda esa oposición, han recalcado como buena práctica la reciente regularización de migrantes. “Es un logro histórico que, tras años de campaña y movilización de Regularización Ya, ha aprobado el Gobierno español”, ha trasladado.
A pesar de que ha sido una buena noticia, han hecho hincapié a que el sistema en sí es “discriminatorio” y que los centros de detención en Mauritania impulsados por España “refuerza un modelo de control migratorio basado en la externalización, la violencia y la vulneración sistemática de derechos”, ha subrayado.
Desde su perspectiva ha asegurado que todo en su conjunto “perpetúa las muertes y las desapariciones en las vallas y en el mar”. Jiménez ha resaltado el contraste entre los ciudadanos de Europa y los que no son parte del continente viejo.
A través del contraste entre las posibilidades de las que disponen ambos, ha denunciado las políticas actuales vigentes. “Mientras que los que tienen pasaporte europeo pueden circular libremente, viajar a Marruecos y por otros países sin visado, en Ceuta, la frontera sigue haciéndose cada año más restrictiva para personas marroquíes y de otras nacionalidades.
La obligación de poseer este documento “ha hecho que muchos hayan visto como única alternativa lanzarse al mar para ejercer su derecho a la libre circulación” lo que pone en riesgo sus propias vidas.
No solo los fallecidos pagan con este precio. Sus familiares se ven abocados a exigir repatriaciones desde otras naciones y, en muchas ocasiones, a perder la oportunidad de despedirse de sus seres queridos con una sepultura. El final de muchos migrantes es el cementerio de Sidi Embarek.
Otros desconocen qué ha sido de sus allegados y conviven cada día con la ausencia de información. Los nombres de los jóvenes a los que se les pierde la pista se cuelan en los titulares en un intento por saber qué ha sido de ellos.
Tras poner el foco en las historias reales tras la migración, han mostrado su repudio a las políticas actuales “alentadas por los discursos de odio y el racismo” que “criminalizan a quienes ejercen su derecho a la movilidad, personas que proceden de países con un pasado colonial”.
Ante su disconformidad han propuesto como alternativa “apuestas valientes como la regularización para una acogida digna y para el reconocimiento de su dignidad”. Asimismo, han remarcado que no llevarlas a cabo alimenta una situación que “los expone a más violencias y a vivir en la calle”.
Este año han denunciado “el neocolonialismo presente en las políticas de cooperación al servicio del control y la externalización de fronteras y la instrumentalización de los migrantes y la explotación de sus cuerpos”.
Han criticado que el Estado español no se ha “responsabilizado” de las muertes que se producen en las rutas hacia Europa y a la “no búsqueda de los desaparecidos”. Han mostrado su rechazo a las cifras de fallecidos y desaparecidos en su camino hacia Ceuta, Melilla o las islas Canarias, así como al racismo “en todas sus formas”.
Es por todo ello por lo que han exigido al Gobierno que asuman su papel ante las pérdidas vitales que se dan en la frontera, incluidas las víctimas de la “tragedia del Tarajal y de la masacre de Melilla”.
Han pedido que se repare tanto a los migrantes fallecidos como a sus familias, así como la implementación de “mecanismos efectos para proteger la vida en las fronteras” y que se “garantice el rescate en el mar de migrantes, se asegura su búsqueda, su identificación y los derechos de sus seres queridos”.
Han solicitado el fin de la “externalización de las fronteras y a los acuerdos que vulneran derechos humanos, sometiéndolos a evaluaciones públicas, filtros de transparencia y de control democrático con participación de la sociedad civil”.
Han demandado un monitoreo independiente en las zonas fronterizas, el reconocimiento de “la libre circulación de todos” mediante vías legales, el acceso al asilo, la derogación de legislaciones “que atentan contra su dignidad” como, por ejemplo, la ley de Extranjería.
Han propuesto que sean reemplazadas por un marco igualitario y caracterizado por la justifica social. La gestión transparente de recursos públicos con destino a la acogida de migrantes también ha sido otra de las exigencias.
Los miembros de la Marcha por la dignidad también han remarcado la importancia de que las administraciones desarrollen acciones “firmes y sostenidas contra el racismo, la xenofobia y los discursos de odio”.
Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc Roger Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blaise y otro compañero sin identificar han regresado en la memoria de quienes los recuerdan para, una vez más, tratar de impulsar un cambio y moldear hacia otra dirección la situación actual de los migrantes.
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