UPyD-Ceuta, en un comunicado, señala que con la publicación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local cuya entrada en vigor es hoy, 31 de diciembre, que desde nuestro análisis el “Gobierno de la ciudad de Ceuta ha dejado en una situación deplorable a los trabajadores de las empresas públicas que quieren constituirse como organismos autónomos. La ley que modifica la de Bases del Régimen Local, especifica en cuanto al redimensionamiento del sector público local que pretende; que si se hubiesen cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no es mayor de 30 días, y se hiciera un plan de corrección en los dos primeros meses de 2014 para las entidades con desequilibrio financiero, deberían disolverse durante el año 2014, y no antes del 1 de enero de 2015”.
En otro apartado alega que dado que dichas sociedades mercantiles se disuelven con fecha 31 de enero, “está claro que no cumplen con los criterios citados y que es un fraude de ley de incalculables consecuencias. La protección de dichos puestos de trabajo de las empresas públicas citadas queda pues más que en entredicho”, subraya la formación en su comunicado.
