Sea cual sea la decisión que adopte la Audiencia Nacional con los dos jóvenes detenidos ayer, uno entrará en prisión sí o sí.
Sobre él pesa una condena de 5 años y 8 meses que fue dictada en 2013 por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta y ratificada en marzo del pasado año por el Tribunal Supremo. Se le condenó por un delito de lesiones, después de confirmarse que él era la persona que hizo uso de un arma de fuego para disparar contra un vecino del Príncipe al que causó heridas.
A pesar de que dicha sentencia era firme y debía ejecutarse, hasta la fecha no se había producido su detención. Además de esta causa, sobre la que existe una condena firme contra la que no cabe recurso judicial alguno y que le llevará a cumplir íntegramente esa pena, policialmente se le vinculó con otros episodios en los que también hay un nexo común: el uso de arma de fuego. Así lo fue con unos disparos ocurridos a plena luz del día en las cercanías de la barriada de San José.
Para el CNP, se trata de una persona de sobra conocida, con su historial de 'roces' con la Policía que había terminado por situarle en más de una ocasión en el punto de mira, con mayores o menores consecuencias.
De nuevo aparece la vinculación entre lo que es la delincuencia común pura y dura con el radicalismo. El propio delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, ya lo advirtió en distintas comparecencias públicas en más de una ocasión: se empieza como delincuente y se termina, en algunos casos, vinculado con prácticas mayores como las que ahora están siendo objeto de actuación de las fuerzas de seguridad.
En el caso de marras, los dos detenidos, acusados de formar parte, presuntamente, de una célula neutralizada, no respondían a los "patrones habituales de redes de radicalización, reclutamiento y envío de activistas a las filas de organizaciones yihadistas activas en focos de conflicto", como así ha ocurrido en otros operativos desarrollados en Ceuta. "El grupo desarticulado estaba plenamente operativo e integrado por individuos ya radicalizados y concienciados en la posible ejecución de atentados tanto en nuestro país como en los del entorno", añade.
Al igual que sucedió con los cuatro detenidos en enero, Interior les relaciona con un alto nivel de radicalización y peligrosidad. Ya en enero se vinculó esa operación con los atentados llevados a cabo en París los días 7 y 8 de enero. Una tesis que gusta de mantener Interior, pero que entre algunos sectores de la Policía no ha gustado en demasía por cuanto no apuestan, al menos de forma tan rápida, por ese tipo de conexiones.
Sí que confirman que los detenidos "estaban preparados tanto física como mentalmente para la yihad" entendida a su manera y que incluso "adoptaban numerosas y complicadas medidas de seguridad en sus desplazamientos y comunicaciones". De hecho, hasta el momento no se había podido detener a uno de ellos para, sencillamente, permitir que se ejecutara una sentencia firme en su contra.
Tenían acceso a la adquisición de armas de fuego "en el mercado negro y una clara predisposición para su uso en un potencial atentado terrorista", apuntan. "Su voluntad", añade Interior, "en realizar acciones armadas quedó patente en el enfrentamiento que tuvo uno de los integrantes del grupo terrorista detenido en enero con la Policía Nacional en Ceuta", añaden, en alusión a los episodios de disparos que protagonizó contra miembros del CNP pero también con la Local.
Las pautas siguen siendo las mismas. No es que se descubran datos nuevos. Hay antiguos gomeros que llevaban una vida de lujo explotando el narcotráfico, que, tras su paso por prisión, han terminado radicalizándose. Delincuencia común y extremismo se dan la mano.
