La paliza fue brutal, le causaron múltiples lesiones y daños en un ojo del que ha tenido que ser operado por sufrir desprendimientos de retina. Durante todos estos años lleva esperando que se celebre el juicio por lo ocurrido, para ver a los presuntos implicados en la paliza -que fue calificada como una tentativa de homicidio- sentados en el banquillo. Pero sus esperanzas han topado con una de esas novedades que podría retardar aún más esa vista judicial. Y es que uno de los acusados en este atentado ha sido detenido esta misma semana por la Policía de Gibraltar, que le acusa de su presunta participación en un delito de narcotráfico, tras encontrar en su semirrígida 1,2 toneladas de hachís.
Mientras no se resuelva ahora este nuevo litigio judicial, difícilmente se podrá avanzar en el esclarecimiento de la agresión a este auxiliar que, por culpa de lo que fue una auténtica emboscada, pasó de ser una personal normal a tener que arrastrar una “incapacidad permanente”.
“Me golpearon con unos palos y, no contentos con eso, al terminar me clavaron uno en el ojo. Me reventaron el globo ocular y estuvieron a punto de tener que sacármelo”, narró a ‘El Faro’ la víctima. “Me salvé de milagro. Esto es algo que no voy a olvidar nunca. Fueron a matarme”, recordaba a este medio en la entrevista mantenida al término de una nueva suspensión del juicio que lleva años esperando.
Ahora reside fuera de Ceuta, tuvo que abandonar su ciudad, su trabajo y su vida por esta agresión ya que resultaba inviable tener que pasear por unas calles en las que podía toparse con quienes fueron sus agresores. Mientras la justicia avanza marcada por su ralentización habitual. Como ironizaba la víctima, para el sistema judicial se ha convertido en un tomo más, en uno de esos casos perdido en un cajón que espera, siete años después, ser reactivado.
Presos preventivos en la penitenciaría de la Roca
La Policía gibraltareña daba a conocer esta semana el decomiso de la mayor cantidad de hachís intervenida en sus aguas. Los protagonistas de este pase eran dos ceutíes, a los que se les puede pedir hasta 8 años de prisión por un delito contra la salud pública. El conocimiento de las identidades de los dos jóvenes -que ha sido difundida íntegramente en los diarios de la Roca- ha servido para que este auxiliar de Policía conociera de la vinculación de uno de ellos con la agresión que le tocó vivir a él en primera persona. Siete años de espera pesan mucho, sobre todo cuando la persona que reclama justicia ve que siendo una víctima no se le dan los derechos debidos. La lentitud judicial termina haciendo mella psíquica, la pérdida de todo lo que se tenía termina alterando una situación a la que el destino le quiso gastar la broma más macabra jamás conocida. Al menos para J.M.T.
