Ha transcurrido una semana desde los graves sucesos ocurridos en la frontera de Ceuta y prácticamente todos los medios de comunicación, así como buena parte de los responsables políticos, han coincidido en calificarlos como una crisis migratoria. Sin embargo, conviene preguntarse si esa expresión describe realmente lo sucedido o, por el contrario, oculta un elemento esencial de los hechos.
Las palabras no son inocentes. El lenguaje no solo sirve para narrar la realidad; también determina cómo la comprendemos. Por ello, emplear un término u otro nunca es una cuestión menor. Cuando una realidad compleja se simplifica mediante una expresión inadecuada, el debate público acaba desplazándose desde los hechos hacia una percepción que puede resultar profundamente equivocada.
Una crisis migratoria describe una situación en la que un número elevado de personas intenta acceder a otro país para establecerse en él. Puede tratarse de una inmigración regular o irregular, ordenada o desordenada, pero sigue siendo, en esencia, un fenómeno migratorio.
Ahora bien, ¿sigue siendo únicamente migración cuando el acceso se produce mediante el empleo organizado de la violencia para superar la resistencia del Estado encargado de custodiar la frontera?
A mi juicio, no.
La diferencia no reside en el número de personas que participan, sino en la naturaleza del comportamiento.
Miles de personas pueden protagonizar un importante flujo migratorio sin utilizar la violencia. Incluso pueden intentar acceder irregularmente al territorio nacional. Jurídicamente podrán cometer infracciones administrativas o incluso delitos, según los casos. Pero mientras su conducta se limite al intento de entrada, seguimos hablando de inmigración.
Todo cambia cuando aparece la fuerza.
Cuando un grupo organizado emplea la violencia para romper un dispositivo policial, agrede a los agentes encargados de la custodia de la frontera, utiliza objetos para superar los obstáculos o fuerza físicamente el acceso al territorio nacional, deja de producirse únicamente un fenómeno migratorio. Existe además una acción coercitiva dirigida contra el ejercicio de la soberanía del Estado.
Y ese elemento cambia por completo la naturaleza de los hechos.
La frontera no constituye únicamente una línea dibujada sobre un mapa. Es la manifestación física de la soberanía nacional. Es el lugar donde el Estado ejerce una de sus competencias esenciales: decidir quién puede entrar en su territorio y en qué condiciones.
Quien solicita acceder reconoce implícitamente esa facultad soberana, aunque posteriormente su solicitud sea aceptada o rechazada. Quien intenta cruzar irregularmente una frontera también incumple la normativa, pero no necesariamente pretende anular esa capacidad de decisión.
Muy distinta es la situación de quien utiliza la violencia para imponer por la fuerza un acceso que el Estado ha decidido impedir.
No se trata de una diferencia administrativa. Se trata de una diferencia cualitativa.
La violencia modifica la naturaleza del acto.
Nadie afirmaría que derribar la puerta de una vivienda golpeando al propietario constituye simplemente "otra forma de allanamiento". El empleo de la violencia transforma completamente el hecho y genera responsabilidades distintas.
Del mismo modo, nadie confundiría una manifestación con un motín únicamente porque en ambos casos participan muchas personas. Lo que diferencia ambas situaciones no es el número de asistentes, sino la utilización de la violencia.
¿Por qué, entonces, seguimos llamando "crisis migratoria" a unos hechos en los que la violencia constituye precisamente el elemento que los distingue?
No se trata de negar la existencia del fenómeno migratorio. Sería absurdo hacerlo. Quienes protagonizan estos asaltos persiguen finalmente acceder al territorio español. Pero reducir todo lo ocurrido a una simple crisis migratoria supone ignorar deliberadamente el modo en que esa entrada pretende producirse.
Las imágenes difundidas durante estos días muestran intentos organizados de superar por la fuerza los dispositivos de seguridad, enfrentamientos con los agentes encargados de la custodia fronteriza y una voluntad manifiesta de quebrar físicamente el control ejercido por el Estado sobre una de sus fronteras exteriores.
Ese componente violento no puede convertirse en un detalle secundario.
Sin embargo, el debate público parece haberlo relegado a un segundo plano. Se habla casi exclusivamente de acogida, recursos asistenciales, atención humanitaria o capacidad de los centros de recepción, cuestiones todas ellas necesarias, pero que abordan las consecuencias y no el origen del problema.
Porque la primera obligación de cualquier Estado consiste precisamente en garantizar el control efectivo de sus fronteras.
Y es aquí donde aparecen las responsabilidades políticas.
No responsabilizo únicamente al Gobierno actual. La situación que hoy vivimos es consecuencia de muchos años de decisiones aplazadas por ejecutivos de distinto signo político.
Durante demasiado tiempo se ha confiado en que el problema no alcanzaría la magnitud actual. Se han ignorado advertencias, se han retrasado inversiones imprescindibles y se ha permitido que quienes tienen encomendada la defensa de la frontera continúen afrontando situaciones extraordinarias con medios claramente insuficientes.
Resulta difícil comprender que, después de tantos episodios similares, sigan existiendo carencias materiales tan evidentes o que proyectos destinados a reforzar la seguridad fronteriza permanezcan archivados mientras las respuestas institucionales se concentran casi exclusivamente en gestionar las consecuencias.
La reciente aprobación de una partida extraordinaria destinada a atender la emergencia humanitaria constituye una respuesta necesaria desde el punto de vista asistencial. Nadie puede discutir la obligación de atender dignamente a quienes llegan.
Pero esa medida no impide que mañana vuelva a producirse exactamente la misma situación.
Se invierte en gestionar los efectos mientras las causas permanecen prácticamente inalteradas.
Por ello, la respuesta debería articularse sobre tres pilares.
El primero, jurídico. Es necesario revisar el marco legal para que diferencie con claridad entre la inmigración irregular y aquellos accesos organizados en los que se emplea violencia contra quienes ejercen la custodia de la frontera. El Derecho debe proporcionar respuestas proporcionadas a realidades distintas.
El segundo, material. Ninguna política de seguridad resulta creíble si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan careciendo de medios adecuados para afrontar este tipo de actuaciones.
Y el tercero, político. La protección de las fronteras exteriores no puede depender de medidas improvisadas cada vez que se produce una crisis. Requiere planificación, continuidad y voluntad de anticipación.
La solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección de las fronteras no son conceptos incompatibles. Lo que sí resulta incompatible es confundir fenómenos distintos mediante una terminología que termina ocultando una parte esencial de la realidad.
Las palabras importan.
Porque cuando el lenguaje deja de describir fielmente los hechos, también la sociedad acaba perdiendo la capacidad de comprenderlos. Y quizá ese sea el primer paso para dejar de resolverlos.
