Una joven pareja ceutí, compuesta por Hassin M.M. y Warda M.M., padres de dos niñas de muy corta edad –una de tres años y otra de algo más de uno– se enfrentan a una pena de multa y de desalojo de una vivienda que ocuparon ilegalmente por carecer de medios. El 16 de agosto de 2011, con la niña mayor de menos de dos años y la mujer embarazada y a punto de dar a luz, forzaron la puerta –según admitieron los dos– de un domicilio en la barriada Adoratrices, concretamente el 5A del número 4 de dicha zona residencial.
Se trata de una vivienda que, según se constató en la vista oral celebrada ayer en la sala del Juzgado de lo Penal número 2, pertenece a una anciana, María del Pilar P., que actualmente se encuentra ingresada en una residencia en Madrid, impedida por una serie de enfermedades.
La casa estaba vacía desde hace unos 22 años, según se constató durante la vista oral. La joven pareja, ambos en paro y sin recursos, admitió todos los hechos y reconoció que forzaron la puerta para acogerse. También pusieron de manifiesto que intentaron contactar con la propietaria, que eran conscientes de que habían ocupado la vivienda sin autorización y, también en el transcurso del juicio, de que proponen un acuerdo con la propietaria de la vivienda para estar allí en régimen de alquiler o mediante cualquier otro tipo de acuerdo. El extremo de un acuerdo fue desestimado por la representación legal de la legítima propietaria. El hombre, Hassin, dijo incluso que antes de okupar la casa, trataron sin éxito de que a través de la empresa municipal de la vivienda, Emvicesa, les ayudaran para poder hacerse cargo de una vivienda de protección oficial, pero que dadas las circunstancias y del inminente parto, decidieron entrar en la vivienda desocupada.
Declaró también un policía que entró en la casa tras ser recibida una llamada de alerta de una vecina y que dijo que encontró la puerta desencajada y al matrimonio con la niña pequeña, en el interior, con signos de intentar instalarse a vivir allí. La vecina en cuestión, que también declaró ayer, dijo que llamó a las fuerzas de seguridad del Estado al ver que la puerta estaba forzada.
“He intentado también pagar la comunidad de propietarios, como fuera, pero se negaron y mandaron a cortar la luz y el agua”, explicó en el transcurso de la vista oral Hassin. Su esposa, con voz clara pero temblorosa, ratificó todo lo anterior. En la actualidad, este joven matrimonio con dos hijas de corta edad vive aún en el citado domicilio, pero sin agua ni luz, en condiciones muy precarias, máxime con dos niñas de muy corta edad.
Dadas las circunstancias, el Ministerio Fiscal solicitó una sentencia condenatoria de multa y de inmediato desalojo por entender que estaban probados los hechos –usurpación de inmueble– así como el inmediato desalojo. A todo ello se unió la acusación particular, que indicó que si bien la vivienda no estaba ocupada, lo cierto es que tiene propietaria y que ella carece de voluntad para arrendar ni autorizar acuerdo alguno.
Por su parte, la defensa, Caridad Casadevante, pidió la absolución de sus patrocinados, entendiendo que aún reconociendo el derecho de los propietarios al uso, se antepone el principio de intervención mínima. Dijo que el asunto debía “ventilarse por la vía civil” y no por la penal, ya que desde su punto de vista los acusados no habían cometido delito alguno y que antes bien, desde el inicio de la adquisición de la vivienda se había producido una “dejación de las facultades del dominio”.
