Hace seis meses, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria analizó una operación planteada por la Cámara de Comercio para traspasar la concesión 15-B de la nave existente entre ‘El Corte Inglés’ y ‘Lidl’ a una empresa de nueva creación y tres socios llamada ‘Inversiones Cañonero Dato (ICD)’ por unos 300.000 euros.
El primer grupo de la oposición, la coalición Caballas, alzó entonces la voz públicamente y alertó de que “una concesión se puede traspasar y el uso de la misma también se puede modificar pero cuando se combinan ambas operaciones aparece el ‘pelotazo”. En este caso el local para la Cámara estaba destinado a acoger “fines propios” y en caso de venta pasaría a comercial.
Medio año después, el resultado de la historia ha sido el mismo (la sociedad ICD se ha hecho con la concesión) pero el recorrido seguido ha incorporado un notable rodeo. El 30 de enero el presidente de la Cámara, Karim Bulaix, presentó el primer escrito “solicitando la transmisión de la concesión a favor de la mercantil ICD”. El 1 de julio, el organismo cameral cambió de criterio y pidió “la paralización y anulación de la proyectada solicitud, así como su renuncia expresa a la concesión administrativa” pese a que con su transmisión se quería aliviar la delicada situación económica de la Cámara.
Dos días después, el 3 de julio, una Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria notificada una semana después sirvió para “hacer efectiva” la renuncia.
En paralelo, también el 1 de julio (su número de registro es, de hecho, consecutivo a los escritos de Bulaix), ‘Inversiones Cañonero Dato’ solicitó “la ocupación de terrenos e instalaciones de la concesión del asunto presentando una garantía provisional de 3.000 euros”.
El asunto llegó al Boletín Oficial de la Ciudad para su publicación y, transcurrido el plazo de alegaciones prescrito, no se registró ninguna, por lo que la Autoridad Portuaria decidió optar por el camino legal que “permite pero no obliga” a adjudicar de forma “directa” concesiones con superficies inferiores a 2.500 metros cuadrados, por lo que en anteriores Consejos de Administración se había acordado la convocatoria de procesos de concurrencia pública. ICD ha aceptado una concesión de 25 años para ocupar casi 390 metros cuadrados con el fin de desarrollar “actividades logísticas y de almacenaje complementarias al uso comercial portuario”. Pagará una tasa de ocupación de menos de 2.900 euros al año y una tasa de actividad del 2,4% de su volumen de negocio desarrollado “al amparo de la concesión demanial” pese a que la legislación faculta a pedir hasta el 6%.
Según los informes a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, en las explanadas del muelle Cañonero Dato existe una superficie de 58.243 metros cuadrados otorgada en régimen de concesión. De ella, un 75,3% “aproximadamente” está dedicada a “usos complementarios de la actividad portuaria, bien logísticos de almacenamiento bien de servicios”.
Los otros 14.360 están dedicados “a otros usos no portuarios entre los cuales se contabiliza el que ocupaba la Cámara de Comercio y otras actividades comerciales no estrictamente portuarias cuya actividad mercantil ha aprovechado la oportunidad de establecerse en el Puerto debido a la inexistencia de superficie y espacio adecuado en la Ciudad, por la facilidad de comunicación con el entorno urbano y por su proximidad a los muelles portuarios, que disminuyen la distancia de acarreo de las mercancías y facilitan el desarrollo de su actividad económica”.
