En la historia de Ceuta se han aprobado dos Planes Generales de Ordenación Urbana. Uno en mil novecientos cuarenta y cuatro; y otro, en mil novecientos noventa y dos.
Este documento, concebido como el “manual de instrucciones” de una Ciudad, tiene una vigencia de ocho años. Se entiende que es un plazo razonable para revisar modelos, objetivos e instrumentos en ciudades sometidas a cambios vertiginosos tanto en su configuración como en sus dinámicas internas. Eso quiere decir que la revisión del actual PGOU de Ceuta acumula ya dieciocho años de retraso.
Desde diversos ámbitos (todos ellos con intereses inmobiliarios) se insiste en la necesidad de aprobar “como sea” un nuevo PGOU. Incluso el propio Gobierno ha asumido la tesis, nefanda donde las haya, de que “es mejor cualquier plan que no tener plan”. Esta posición sirve para minimizar el impacto de todos los errores, dislates, canalladas o corruptelas que se pudieran cometer. Todo queda subordinado a un interés superior que es la “aprobación”. De este modo, un medio se convierte en un fin, amenazando con arruinar impunemente el futuro.
Pondré un ejemplo. La revisión del PGOU que está aprobada inicialmente contempla que una parte del Monte Hacho se pudiera seguir construyendo. Una aberración urbanística como es fácilmente constatable con una sencilla prueba visual. Cuando se hizo esta observación (que también consta como alegación), la respuesta fue que (aún compartiéndola) acceder a la petición de declarar zona verde todo el Hacho requería un tiempo del que no disponíamos. De esto hace dos años.
Otro dato. La memoria económica (obligatoria y determinante) está elaborada con datos y proyecciones del año ¡2008! Y la conservamos (aún siendo conscientes de su obsolescencia) porque “no da tiempo” a actualizarla. Quiero explicar con ello que las decisiones del Gobierno de la Ciudad en relación con el PGOU están marcadas por la urgencia.
Y aquí es donde surge la pregunta que lleva a Ceuta, de nuevo, al abismo de la más absoluta indefensión. ¿Cómo es posible que un Gobierno con mayoría absoluta y en plena sintonía con el Gobierno de la Nación lleve siete años atascado en algo que considera “una prioridad”? La respuesta es tan simple como dramática. No pueden aprobar el PGOU porque es imposible cumplir con todas las exigencias que impone el extenso cuerpo legal.
No estamos ante un problema técnico (de ejecución de tareas), ni urbanístico (están dispuestos a dar el visto bueno a cualquier cosa, de hecho, los concejales del PP no saben lo que incluye la propuesta que tienen que votar); sino que estamos ante un obstáculo de naturaleza estrictamente política. La norma que regula la aprobación de los planes de ordenación obliga a cumplir las “leyes sectoriales” que afectan a Defensa, Carreteras, Costas, Puertos, Espacio Aeronáutico, Protección del Medio Ambiente, Protección del Patrimonio Cultural… y así, hasta trece.
Cada una de ellas establece unos requisitos y obligaciones cuyo cumplimiento simultáneo, en Ceuta, deviene en imposible. Baste un ejemplo. La ley de carreteras obliga a que haya una “franja” de veinticinco metros sin construir a cada lado de una carretera nacional, que en nuestro caso llega desde el centro hasta Benzú y hasta el Tarajal (hagan un ejercicio de simulación sobre las consecuencias prácticas de la aplicación de esta norma).
Los informes que certifican el estricto cumplimiento de todo este profuso y complejo entramado legal, son preceptivos y vinculantes. La conclusión es que el futuro de esta Ciudad, en materia urbanística, está en manos de un racimo de técnicos, que probablemente no saben ni situar Ceuta en el mapa, y que se limitan a verificar con excesivo rigor, y sin contextualizar, el ajuste de la propuesta de PGOU a las normas sectoriales.
Y esto sucede porque quienes nos han representado durante tres décadas en las Cortes Generales no se han ocupado nunca de introducir en las leyes las necesarias (y razonables) excepciones que se deben aplicar a una Ciudad, indiscutiblemente singular a estos efectos.
Desde aquí (la ciudadanía), tampoco hemos mostrado interés, ni hemos hecho esfuerzo alguno para reivindicar el reconocimiento de nuestra realidad y su correcta concreción en los textos legales de modo que podamos hacer las cosas bien y cumpliendo las leyes. Parece que nos sentimos cómodos en este mundo paralelo (“el derecho termina en el estrecho” resume con agudeza la sabiduría popular). Así que la única forma de aprobar un PGOU es apelando a la laxitud normativa selectiva tan frecuente por estos lares. Y pidiendo por favor a otros que hagan lo propio. Y así, finalmente, dispondremos de algo lo más parecido posible a un PGOU aunque este plagado de barbaridades y trufado de irregularidades y componendas.
Porque claro, mientras se mantiene esta absurda espera, la vida sigue. Un ejemplo. La Ciudad ha otorgado licencia de obra a Mercadona para su tienda del Sardinero. Lo ha hecho de manera precipitada porque nadie se atreve a poner un “pero” a Mercadona (ni siquiera se han hecho las obligadas exploraciones arqueológicas). La licencia se ha concedido conforme al PGOU del 92 (hubo que levantar la suspensión de las licencias por imperativo legal, transcurridos dos años). Pero resulta que en la revisión aprobada inicialmente por el Pleno, por mitad del nuevo Mercadona pasa una calle. ¿Y ahora qué? Si se aprueba definitivamente habrá que demoler e indemnizar. No sucederá. Nadie se atreverá a demoler un Mercadona.
En caso contrario habrá que cambiar el PGOU y exponerlo nuevamente. No se querrá. La lucha contra el reloj es una prioridad política. La solución “made in Ceuta” será que la licencia se quedará como está, el PGOU aprobado inicialmente, también. Si acaso se “cambia la raya” que delimita la calle porque al fin y al cabo de eso no se entera nadie; y si alguien termina poniéndonos en un aprieto, siempre encontraremos un técnico amigo, agradecido, o con algún tipo de necesidad presto para firmar lo que fuera menester. Lo dramático es que este no es un caso excepcional. Ocurre a diario. Así se gestiona el urbanismo en Ceuta.
