Ya no solo los juzgados sino el TSJA, oenegés, el Defensor del Pueblo e incluso el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Racismo, Xenofobia, Discriminación e Intolerancia han advertido de la dura restricción de derechos que sufren los inmigrantes que, llegando a Ceuta y Melilla, solicitando el asilo, deben permanecer bloqueados en los CETI a la espera de la oportuna resolución.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), basándose en esta sentencia, ha vuelto a cargar las tintas sobre la situación que se vive en ambas ciudades, advirtiendo a la Administración de que no es posible realizar “interpretaciones restrictivas” de los derechos fundamentales.
La organización recuerda que es una práctica habitual de la Delegación del Gobierno en Ceuta y Melilla el no permitir que los solicitantes de asilo con la petición admitida a trámite viajen a la península, lo que convierte a las ciudades autónomas en “cárceles” para estas personas que, de haber cursado su petición en el área peninsular, podrían moverse por todo el territorio español sin restricciones.
Esta medida no la ha adoptado el actual delegado, Francisco Antonio González, pero sí que la ha continuado, después de que en época de José Fernández Chacón al frente de la Delegación, se ordenara precisamente este veto ya que la Jefatura Superior mantenía que lo contrario supondría la inmediata llegada de inmigrantes a ambas ciudades. Aquel veto a la circulación libre provocó la posterior salida de cameruneses a las calles de la ciudad con cartonazos.
“Este hecho representa un retroceso sin precedentes en el régimen de protección internacional en España y está provocando que personas que solicitaron asilo renuncien a su solicitud, y que algunas se jueguen la vida intentando cruzar el estrecho escondidos en los camiones y ferrys que realizan el trayecto hasta la península”, explica CEAR, que, con sus apreciaciones, viene a confirmar la hilera de reportajes que, en esta línea, se han ido publicando en El Faro.
En este sentido, denuncia que se ha producido una “significativa disminución de las peticiones de asilo en ambas ciudades”. En Melilla el número de solicitudes pasó de 42 en 2011 a 33 en 2012 y en Ceuta el descenso fue alarmante, de 505 en 2011 a 184, un descenso del 63,5%, conforme los datos que maneja la Comisión. “Pese a estos pronunciamientos, el Gobierno español ha persistido en mantener la prohibición de acceso a la península”, denuncian.
El uso perverso del asilo por esta causa
¿Qué está pasando con el incumplimiento de estas sentencias? Pues que se está cayendo en un uso perverso de la política del asilo. Hay inmigrantes que para no verse bloqueados en la ciudad, esperando tiempo a que su solicitud sea admitida, terminan por cansarse, rechazar esta protección y así poder marchar antes a la península. Sencillamente porque no aguantan bloqueos que, en algunos casos, se extienden durante años, tal es el caso de los costamarfileños. Sorprende que en el caso de los malienses, viniendo de países en guerra, hayan optado por no pedir asilo para así marchar antes a Europa. Esta situación afecta al colectivo de sirios, lo que les ha llevado a organizar sentadas como la que se llevó a cabo el pasado 14 de octubre y que terminó de forma dramática. Esto provoca además usos perversos del asilo: algo a lo que están acostumbrados los argelinos. Saben que mientras se estudia su solicitud no serán expulsados, así que durante ese periodo delinquen o intentan fugarse en camiones.
