Un grupo de 15 juristas han suscrito el informe Rechazos en frontera: ¿frontera sin derechos? que pretende ser la alternativa a lo que el Gobierno de la Nación considera legal: devolver a los inmigrantes a Marruecos una vez que intentan entrar en España sin que, por ejemplo, hayan recibido atención letrada ni se haya comprobado que son solicitantes de asilo.
A juicio de los firmantes (catedráticos y profesores de distintas universidades) lo que el Gobierno ha denominado 'rechazo en frontera' es "radicalmente ilegal" y además no se convierte en garantía jurídica ni aporta cobertura legal alguna para los guardias civiles que lo ejecutan, quienes podrían enfrentarse a una acusación ante un tribunal por prácticas indebidas.
En dicho informe, de cuyo contenido íntegro se informó ayer, se trata de analizar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería introducida mediante reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana el mes pasado y que está en vigor.
Según los firmantes, la práctica de las devoluciones en caliente no es legal, situación que se agrava aún más cuando se está abordando la expulsión de inmigrantes que son entregados a autoridades marroquíes, cuyas política y prácticas de trato con los sin papeles son de sobras conocidas, "no caracterizadas por la exquisitez de sus procedimientos y el respeto a los derechos humanos", puntualiza.
"Con independencia de la denominación que se dé al hecho de actuar coercitivamente sobre ciudadanos extranjeros que pretenden entrar en España, estas personas no son reducibles a objetos que se pueden devolver al 'remitente' negándoles la palabra. Tratar a seres humanos como auténticos fardos, negando por principio la posibilidad de que puedan hacer la más mínima alegación a las autoridades españolas, una vez son objeto de la intervención policial y más allá de la concreta ubicación en que esta se produzca, constituye no sólo una práctica inmoral sino también antijurídica", se expone en este informe, uno más de los que se suman a las tesis mostradas por oenegés, entidades judiciales o políticas, contrarias a las devoluciones.
Los juristas advierten, en un mensaje dirigido directamente a los guardias civiles, que de estas prácticas son responsables los gobiernos pero, reseña, que "quienes participan en estos hechos tienen una responsabilidad personal y jurídica. No podemos desconocer la fuerte presión que sufren los agentes de la autoridad, ni la inseguridad jurídica en que se desenvuelve una tarea tan difícil y no siempre suficientemente valorada... pero cierto es que la reiteración de órdenes y prácticas sin cobertura legal expone a los agentes de la autoridad a consecuencias jurídicas ante las que no resulta posible alegar obediencia debida", concreta.
"El trato que damos a la frontera sur es la prueba del nivel de la calidad y decencia de nuestra democracia y de los valores constitucionales en que se asienta", apuntan, aludiendo al periplo vital de estos inmigrantes. El estudio incide en la "polémica manera" en la que ha sido tramitada esta reforma, las "dificultades técnicas" que plantea la determinación del ámbito de aplicación de la figura del "rechazo en frontera" y los derechos y garantías que "irrenunciablemente" deben respetarse en el procedimiento a la luz de las normativas constitucional y comunitaria y los derechos humanos.
Añade que la redacción del nuevo procedimiento del rechazo en frontera impide su aplicación cuando la persona extranjera esté en la zona de intervallado o haya sido interceptada encaramada a cualquiera de las vallas y los juristas indican "la realidad incontrovertida de que las vallas están completamente ubicadas en territorio nacional". "Nadie ha puesto en duda en ningún momento que el vallado está completamente ubicado en toda su estructura en territorio español, ya sobrepasada la línea de demarcación territorial de ambas ciudades autónomas con Marruecos. Partiendo de esto, la intervención a desarrollar por las autoridades españolas respecto de quien se encuentre en el entramado de la valla ya no será en el marco del cruce irregular de una frontera ni con el fin de frustrar una entrada ilegal en España, que ya ha sido consumada. Es el propio legislador el que, a través de una torpe redacción del precepto, imposibilita su aplicación al supuesto que pretendidamente era su objetivo regular", expone.
"Las fronteras", añade, no pueden "ser delimitadas de forma caprichosa para un caso concreto violando, entre otros elementales principios, el de la prohibición de la arbitrariedad y el de seguridad jurídica".
Otra conclusión es que "la situación geográfica y la singularidad de Ceuta y Melilla nunca podrán servir para justificar que son territorios en los que se pueda hacer excepción del Estado de derecho".
El informe señala que los principios esenciales que deben respetarse en el rechazo en frontera son que se desarrolle como un procedimiento en el que se garanticen los derechos de audiencia del interesado, de asistencia letrada y de intérprete, que sea gratuito en caso de carecer de medios económicos y que sea real la posibilidad de control judicial efectivo.
"Estos principios implican al menos la identificación de los interesados, el dictado de una resolución administrativa individualizada debidamente motivada y la notificación del régimen de recursos contra esa resolución", advierte el estudio.
Agrega que se debe dispensar la debida atención a situaciones de especial vulnerabilidad, como es el caso de los menores de edad no acompañados y los solicitantes de asilo o protección internacional subsidiaria. Además de prohibir expulsiones colectivas, estima que, "con carácter previo a cualquier entrega, deben respetarse las dudas que puedan subsistir" en relación al trato que puedan recibir los inmigrantes rechazados.
Las devoluciones sumarias, al menos desde 2005
Las devoluciones sumarias son objeto de crítica en este informe en el que se augura que las mismas "se van a seguir realizando". Así, recuerda que al menos desde 2005 han sido practicadas, con "gobiernos de distintos partidos políticos", entregas de ciudadanos extranjeros en las fronteras marítimas y terrestres de Ceuta y Melilla, apuntando que debe resultar obvio que el rechazo debería llevarse a cabo "respetando los derechos fundamentales".
Las críticas que se hacen en torno a las devoluciones de subsaharianos que han sido captadas por los medios de comunicación y visualizadas sin problemas no son nuevas; al menos ese tipo de actuaciones se llevaron a cabo con entradas tan dramáticas como las ocurridas en septiembre de 2005, cuando cientos de subsaharianos fueron echados por el perímetro heridos, sin ser siquiera atendidos y tras haber vivido una persecución dramática que se saldó con disparos por la espalda que dejaron cinco cadáveres.
En el informe se hace especial mención a los menores no acompañados que acceden a cualquiera de las dos ciudades por las fronteras con el vecino país.
