Revelador fue el testimonio ofrecido ayer, ante la jueza que instruye las diligencias del caso Loma Colmenar, por Isaac Medina,
trabajador de Emvicesa citado como testigo y cuya declaración contribuyó a aclarar un poco más el tremendo lío que se inició hace ya más de tres meses, cuando a finales de junio se publicó en el diario El Pueblo de Ceuta un listado de adjudicatarios de las 317 viviendas de la parcela B4 de Loma Colmenar a la que el Gobierno local nunca ha concedido validez y que ha traído de cabeza al Ejecutivo de Vivas en este primer tramo de la legislatura.
Medina declaró a la jueza Raquel Luccini que la persona que ‘filtró’ la lista al periódico, en el que apareció publicada el pasado 25 de junio, fue el ex gerente de la empresa municipal, y hasta ahora única persona imputada por prevaricación administrativa, Antonio López. Según su declaración, la aparición de la lista en un medio de comunicación, causó gran sorpresa entre los trabajadores de esta empresa municipal, tanta que él mismo le preguntó esa mañana al anterior responsable de Emvicesa por lo ocurrido a lo que Antonio López le habría respondido que era responsable de su publicación, según informan fuentes próximas al caso.
A López, el trabajador de Emvicesa también lo ha identificado como quien le encargó personalmente contactar, un día antes de que la lista saliera publicada, con los ‘adjudicatarios’ para citarlos en la sede de Emvicesa, firmar los contratos y recoger las llaves de los pisos, a pesar de que en ese momento ya no era viceconsejero de Fomento y tampoco gerente de la empresa municipal. También le hizo responsable de haber confeccionado hasta los contratos.
Esta declaración contradice casi punto por punto lo que López dijo ante sede judicial la semana anterior, cuando negó haber sido él quien había ‘filtrado’ el documento con los 317 nombres al periódico y las mismas fuentes consultadas apuntan que, ante la disparidad de las versiones, se podría terminar incluso en un careo.
A este trabajador de la empresa municipal también se le preguntó por la analogía, en cuanto al procedimiento de adjudicación, con otras promociones de VPO, por ejemplo, con la que se ocupó inmediatamente antes, las 170 también en Loma Colmenar. En este sentido, siempre según las mismas fuentes, Medina destacó que también se encargó de contactar con esos adjudicatarios. Pero ese listado de adjudicatarios no había sido invalidado por el Gobierno local, y en ese caso tampoco el Ejecutivo había pedido al entonces responsable de Emvicesa que paralizara cualquier proceso de adjudicación por la cercanía de unas elecciones. Tampoco el presidente de la Ciudad había recibido entonces amenazas de Antonio López, tal y como revelaba Juan Vivas este verano, por las consecuencias de no seguir contando con él en el futuro Ejecutivo local.
Entre gritos y abucheos
También le tocó ayer declarar al consejero de Fomento, Néstor García León, que como López, fue citado a declarar a principios de mes aunque quedó suspendida en ese momento por un defecto de forma. El consejero llegó minutos antes de las once de la mañana a la sede judicial, donde aguantó estoicamente los insultos, abucheos y peticiones de dimisión del mismo grupo de ciudadanos, todos ellos integrantes de la plataforma de afectados e integrantes de la polémica lista de adjudicatarios, que unos minutos antes habían recibido entre aplausos y gritos de ánimo al trabajador de Emvicesa. García León llegaba solo y accedió al Palacio de Justicia por la puerta principal, por la que también se fue en torno a las 12.30 horas.
Ni él ni Medina hicieron declaraciones a los medios de comunicación a la salida del Juzgado. El consejero solo dijo brevemente que todo había ido “bien” y que no quería apuntar nada más “para no interferir en el proceso judicial”.
De su declaración lo único que ha trascendido es que argumentó la necesidad de realizar el sorteo cuanto antes en el hecho de que las viviendas vacías suponen un coste económico para la Ciudad por la presencia constante de la Policía Local, que se suma además al hecho de que las casas pueden deteriorarse como consecuencia de que no estar siendo habitadas. Además, el consejero, preguntado por el procedimiento que se está siguiendo en la actualidad para la adjudicación de las viviendas, contestó que se ajusta a lo que dice la ordenanza municipal.
Por otra parte, el abogado de 80 de los afectados de la lista ‘fantasma’, Jorge Gil Pacheco, no ha querido entrar a valorar los detalles de las declaraciones del consejero y del trabajador de Emvicesa, aunque sí que ha precisado que el consejero lleva poco tiempo en el cargo y que los hechos que se investigan sucedieron con anterioridad, por lo que poco ha podido aportar a la investigación ni tampoco plantearle las misma profundidad en las preguntas que sí ha anticipado que hará con las próximas personas que han sido citadas para prestar declaración como testigos, el próximo 9 de octubre, y que son los integrantes de la comisión local de vivienda de la legislatura anterior, entre ellos, las consejeras Susana Román y Rabea Mohamed, y los diputados de la oposición Mohamed Ali y la socialista Milagros García Mateos, diputada en la anterior legislatura.
Tensión a las puertas del Palacio de Justicia
a las 10.43 hacía su entrada en la sede de los Juzgados el funcionario de Emvicesa que ha sido citado por la jueza para declarar como testigo, y minutos más tarde también accedía por la puerta principal ye ntre abucheos el consejero de Fomento, Néstor García León.
De nuevo se han repetido las escenas de tensión que ya se vieron cuando el consejero acudió por primera vez al Palacio de Justicia a principios de este mes.
Jorge Gil Pacheco
“No entendemos la urgencia de un sorteo que no es justo”
El único que hizo declaraciones al terminar fue el abogado de la plataforma de vecinos, Jorge Gil Pacheco, que explicó a sus representados que ambas declaraciones habían sido sido únicamente para abordar cuestiones “técnicas”. Gil Pacheco, que también presentó una alegación para que la jueza paralice el sorteo que Emvicesa tiene previsto celebrar mañana, señaló que la defensa de Antonio López también respalda la paralización del sorteo hasta que se aclare el proceso penal, mientras que la Ciudad ha argumentado por escrito razones de interés social para celebrarlo. La jueza tiene de plazo hasta hoy para tomar una decisión al respecto. “Ella lo tiene todo encima de la mesa y la decisión es solo suya”, añadió el letrado, que apuntó que la única petición de paralización del procedimiento del sorteo ha sido la suya, de la que se ha dado traslado al resto de las partes que se han personado en el caso. “La suspensión es únicamente una iniciativa nuestra”, precisó para criticar que si la Ciudad ha argumentado una razón de urgencia para adjudicar la vivienda “debió ser la misma en diciembre, cuando esas viviendas ya estaban listas para entregar, por lo que no entendemos por qué se paraliza durante seis o siete meses y ahora deprisa y corriendo se quiera adjudicar por la vía de la urgencia a través de un sorteo. No nos parece lo justo”.
