Un fraude ‘legal’

Las víctimas son las arcas públicas del Estado, los estanqueros del otro lado del Estrecho, los consumidores de un producto sin control sanitario (si el tabaco procede del otro lado de la frontera)... Es una artimaña que llevan a cabo unos pocos y que perjudica a la mayoría.

Y, sin embargo, está dentro de la legalidad siempre que el defraudador no transporte a la península un número de cajetillas superior al permitido, lo que no es necesario para que el ‘negocio’ sea rentable.
Los contrabandistas de tabaco (cuyo perfil no se corresponde necesariamente con personas sin otros medios con los que ganarse la vida) han vuelto a demostrar que la ley camina invariablemente un paso por detrás del delincuente porque éste, con el tiempo, siempre acaba encontrando una rendija en el Código Penal por la que escabullirse. En esta ocasión, como explica hoy El Faro, el fraude sólo es posible porque se sufraga, para más inri, con caudales públicos, se hace delante de los miembros de las Fuerzas de Seguridad y sin que éstos puedan hacer nada para evitarlo. La ley les autoriza para actuar ante un viajero que realice, uno tras otro, hasta cinco trayectos diarios entre Ceuta y la península subvencionados con fondos del Estado. No pueden hacer nada si el pasajero no sobrepasa en cada trayecto el máximo de tabaco permitido ni pueden impedir que el defraudador se aproveche de la buena fe de otros viajeros para que éstos le hagan el favor de atravesar los controles policiales con las cajetillas sobrantes.
El fraude es tan evidente como la solución: Establecer un número máximo, sensato y racional de viajes subvencionados por pasajero cada día entre nuestra ciudad y la península, o fijar y controlar que cada pasajero sólo pueda transportar diariamente un número máximo de cajetillas de tabaco con independencia de las veces que viaje en una sola jornada.
Es evidente que aún así, el fraude podría continuar existiendo, pero al menos serviría para reducir su impacto en las arcas públicas, tanto por el sobrecoste que supone para la bonificación de los billetes como por la caída en la recaudación de impuestos. Además, cuanto menor es el ‘botín’ menos interés despierta en el delincuente.
En cualquier caso, las autoridades con atribuciones para buscar y encontrar soluciones tienen que empezar ya a tomar medidas. Sería injustificable permanecer impasibles ante un fraude que nos perjudica a todos. Y el primer paso debe ser informar del engaño a los pasajeros que de buena fe colaboran sin saberlo con los defraudadores. Para ello bastaría con repartir un número suficiente de carteles por la Estación Marítima advirtiendo de la artimaña.