Un brigada del Ejército lleva ocho años esperando una indemnización

Lleva ocho años esperando una indemnización que no llega. Desde que en abril de 2002 fue atropellado por un BMR que le causó lesiones graves en sus piernas que le llevaron a permanecer 58 días ingresado en el hospital y que tardó en curar otros 249 más. Esta es la historia de un brigada del Ejército que todavía espera la indemnización de 70.000 euros que debería haberle entregado el Ministerio de Defensa, en concepto de daños físicos sufridos en el ejercicio de su trabajo, sin contar, además, los anímicos.
Su caso como el de otros muchos militares en similares circunstancias, se encuentra bloqueado en la Audiencia Nacional. Su abogado, Fernando Osuna, reclamaba ayer una mayor celeridad, una acción inmediata de un sistema judicial que “provoca estas disfunciones”.
El brigada, que no ha querido facilitar públicamente su identidad, está ahora destinado en Ciudad Real. También lo estuvo en Canarias y Ceuta, en donde, tras ser atropellado por el BMR sufrió varias lesiones, entre ellas la fractura del tercio distal de la tibia derecha, síndrome de aplastamiento en la pierna izquierda, que le produjo heridas en la cara anterior por estallido a presión y una herida en parte proximal y posterior de la pierna, además de contusión y erosiones en codo derecho y hematomas diversos. “Las secuelas le impiden realizar ejercicios físicos como correr, ponerse de puntillas, caminar con los talones, hacer sentadillas... además le dificultan para deambular sobre terrenos irregulares o subir y bajar cuestas y escaleras”, apunta el letrado.
El atropello tuvo lugar cuando estaba destinado en el Segundo Tercio ‘Duque de Alba’ de la Legión, y mientras realizaba tareas asignadas de revisión de las transmisiones a los vehículos BMR. Para ello se dirigía andando hacía los talleres del segundo escalón de transmisiones, encontrándose en el trayecto con un sargento que conducía uno de aquellos vehículos y al que le hizo una señal para que se detuviera con la idea de conocer si había pasado la correspondiente revisión. Tal y como apunta su abogado, “se subió encima de la rueda delantera izquierda debido a que, con el ruido del motor, no podía mantener una conversación con el conductor si no era mediante esa práctica. Después de comprobar que el vehículo efectivamente debía ser revisado e indicarle al conductor la necesidad de que acudiera al taller, empleando siempre mi  representado las precauciones debidas, notó como algo le enganchó de las piernas y le giró en sentido contrario a las agujas del reloj”, advierte. Se trataba de otro BMR que provocó el aplastamiento de su defendido.
Su procedimiento judicial se está tramitando en la Audiencia Nacional, marcado por un retardo que, tal y como apunta el abogado Osuna, se extiende a otros casos de más militares.
“El accidente sufrido mientras prestaba servicio es el origen del daño antijurídico que se ha causado a mi representado, ya que existe un nexo causal porque los daños y perjuicios no tienen otro origen que el desarrollo de un acto de servicio en condiciones impropias, que se pudiera haber evitado con sólo adoptar unas mínimas medidas de seguridad por los intervinientes, ya que mi patrocinado actuó con la más exquisita prudencia”, señala.
Para la defensa del brigada el daño provocado a su cliente es “real” y se puede “cuantificar”, ya que debe medirse por el “menoscabo, una pérdida y una situación irreparable en sus derechos personalísimos y profesionales”, advierte.
“Nos encontramos ante un supuesto en el que se cumplen los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Esto es, que se ha producido una lesión patrimonial equivalente al daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente; la lesión se define como un daño ilegítimo; el vínculo entre el resultado dañoso y la Administración implica una actuación del poder público en uso de potestades públicas y la lesión resulta real y efectiva”, apunta.
El conductor del BMR que provocó las lesiones ya fue condenado por la vía militar, mientras que la víctima sigue esperando un avance judicial que no llega. Muy al contrario, percibe sólo perjuicios. “Ha visto perjudicado sus objetivos profesionales, al no haber podido acceder tras el accidente a la Escala de Oficiales por promoción interna ni optar a los destinos en la Brigada de Paracaidistas próxima a Madrid, donde tiene su arraigo familiar”.
Ahora se dedica a controles aéreos relacionados con su minusvalía. “Tanto las lesiones aún no curadas, que tienen perspectivas claras de secuelas, incapacidades  irreversibles que se manifestarán en la vida diaria de mi representado como, por ejemplo, las limitaciones de realizar ejercicios físicos tan comunes como la carrera continua o las limitaciones en sus aspiraciones profesionales, han provocado en él daños morales y psicológicos de inestimable valor”, denuncia.