Ceuta y Melilla han terminado siendo protagonistas en uno de los plenos celebrados en el Ayuntamiento de Telde, el segundo municipio más poblado de la isla de Gran Canaria.
Una moción presentada por dos concejales militantes de Podemos e integrantes del Grupo Mixto arrastró el beneplácito del Gobierno, en el que están representados en coalición los partidos Nueva Canaria, Coalición Canaria y PSOE, para instar al Gobierno de España a la apertura de oficinas de inmigración en las dos ciudades autónomas. Oficinas que “recojan y tramiten todas las peticiones de asilo”, exponen en dicha moción. Este punto concreto ha contado con el respaldo de los tres únicos representantes del PP, a pesar de que las mismas funcionan ya tanto en Ceuta como en Melilla desde hace un año, siendo además un proyecto del Gobierno popular, sin que haya tenido demasiada operatividad. El desconocimiento de los partidos es tal que sorprende que en dicha votación hayan levantado la mano concejales del bipartidismo. El texto de la moción argumenta la necesidad de construir estas oficinas en el hecho de que “desde hace años las fronteras de Ceuta y Melilla son puntos calientes en la entrada de inmigrantes ilegales. La solución por la que optó el gobierno español no fue la de abrir una oficina de inmigración en estas fronteras para tratar estos casos, entre ellos una mayoría de huidos de zonas en conflicto subsaharianas, así como de Libia y Siria, como correspondería a un gobierno democrático de un país respetuosos con los derechos humanos y de asilo”, explica. Todos los partidos con representación plenaria, entre ellos PP y PSOE, levantaron la mano para forzar al Gobierno a que ponga en marcha dos oficinas que ya existen y a las que, un año después, no ha llegado siquiera un inmigrante a pedir ese asilo. Y no lo ha hecho por las obvias dificultades que puede tener un subsahariano para cruzar el Tarajal y llegar por cauces normales a dicha oficina. La moción contiene otros puntos que han sido aprobados por mayoría y que contaron con el único rechazo del PP. Puntos como el de instar al Gobierno a que “depure responsabilidades administrativas y políticas por las actuaciones de las fuerzas dependientes del ministro del Interior que acabó con la pérdida de 15 vidas”, sentencia. Otro de los puntos de la moción hacía referencia a que el Ayuntamiento de Telde pidiera recurrir la sentencia en torno al 6F, “tal y como ha hecho la acusación popular o unirse a ella”. Finalmente este punto fue retirado del orden. De hecho en la actualidad, la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta está estudiando el recurso sobre un asunto en el que toma posición dicho Ayuntamiento. La moción finaliza con el acuerdo para instar al resto de instituciones canarias (Gobierno y Cabildos) a “sumarse a la petición de exigir al Gobierno de España la ruptura de los acuerdos de la vergüenza suscritos con Marruecos, que dejan la resolución del problema en manos de un país no democrático que, como medida para solucionar el problema, utiliza la represión policial y las deportaciones”. En la moción secundada por el Gobierno canario se alude a que “nuestro gobierno no solo no ha aplicado una política de respeto hacia este derecho fundamental, sino que ha sembrado de alambradas y concertinas la frontera, ha implantado las devoluciones en caliente y ha ordenado a su Guardia Civil y Policía a actuar de forma tan inhumana y en contra de todo derecho hacia las personas”. “Si en los últimos meses no se oye hablar de los saltos de inmigrantes a través de la valla no es porque no se sigan produciendo”, llega a recoger la moción. “Últimamente y debido a los acuerdos con Marruecos, país no democrático y con una Policía que se ha dedicado en los últimos meses al desmantelamiento de los campamentos precarios que se habían construido los refugiados a base de golpes y amenazas, estos casos han disminuido, iniciando una política de represión con el resultado de muerte y decenas de heridos, torturas, cárcel y deportaciones a ambas de sus fronteras”, concluye.
