El juzgado de instrucción número 6 notificó ayer el auto sobre los fatídicos sucesos del 6-F. Una de las tragedias más importantes que, en materia de inmigración, han afectado a nuestra ciudad.
La resolución judicial es clara: no hay pruebas de peso para mantener la imputación sobre los 16 guardias civiles, dictándose, de forma provisional, el archivo de la causa. La clave sobre la que la magistrada titular sostiene su decisión no es otra que la de la defensa de la actuación que, esa mañana, llevaron a cabo los componentes de la Guardia Civil, siguiendo una orden ya estipulada y unos protocolos de acción en base a los cuales el empleo de material antidisturbio estaba legitimado. Por otro lado, la magistrada critica duramente el informe que fue presentado por Caminando Fronteras, con testimonios de subsaharianos que acusaban directamente a la Benemérita y que ha tildado de “confusos, vagos e imprecisos”. El auto llega después de 20 meses de instrucción y tras la realización de numerosas diligencias, pero sin que Marruecos haya atendido la comisión rogatoria cursada hasta en tres ocasiones para esclarecer los hechos. Sin duda la resolución judicial ha sido una buena noticia para los guardias civiles que no solo habían sido imputados en la causa, sino que ya habían sido juzgados por algunos partidos políticos, asociaciones e incluso medios de comunicación que optaron por dejar el presunto arrinconado en el camino. Reconocido ésto, no cabe dejar de lado el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos y las tragedias causadas tras una intervención que, si algo demostró, es la necesidad de adoptar medidas claras, sin fisuras y sin lagunas ante fenómenos migratorios nunca previsibles, nunca controlables. Tras el 6-F se abrieron heridas que tardarán en cerrarse, tras el 6-F se demostró cómo los apoyos nunca llegan cuando realmente se esperan.
