Agentes de la Policía Nacional adscritos a la UCRIF detuvieron el pasado fin de semana a un trabajador portuario, que ejerce de amarrador y que con anterioridad estuvo relacionado con una compañía naviera, por su relación con un presunto delito contra los derechos de los extranjeros al facilitar el pase de inmigrantes ocultos en vehículos a la península. En la intervención policial se ha detenido además a otras dos personas y a un inmigrante, según confirmaron fuentes cercanas al caso tras su puesta, en la mañana de ayer, a disposición judicial. La operación continúa abierta, aunque, judicialmente, no se han adoptado medidas privativas de libertad contra los imputados. Contra el trabajador portuario existe la acusación de que presuntamente se aprovecharía de las tarjetas de que disponen los empleados del sector para abrir las puertas e introducir a los inmigrantes en la estación marítima.
Una vez dentro, facilitaría su llegada a la zona de embarque de vehículos una vez superado el filtro de la Policía Nacional y, por supuesto, el de la Guardia Civil. Ambas fuerzas de seguridad no tenían controlado al irregular una vez cometidas sus funciones de control en la zona portuaria en la que están destinados.
Una vez que se encontraba el inmigrante en la zona de embarque de los vehículos, se colaba en el coche cuyo conductor estaba confabulado en la trama. Dentro del ferry el irregular había accedido burlando los controles sin levantarse sospecha alguna.
La Policía Nacional vincula al trabajador con un presunto delito contra los derechos de los extranjeros que ya ha quedado judicializado, al igual que los otros detenidos.
Esta operación, todavía abierta, se enmarca, por su importancia, en la lista de intervenciones contra el tráfico de inmigrantes como la que el pasado año llevó a cabo también la UCRIF, que se saldó con la detención de un policía nacional por su presunta relación con el pase de inmigrantes. Intervención ésta que también tuvo como escenario el puerto. La UCRIF, por aquel entonces, contó con el aval judicial para autorizar las intervenciones telefónicas. Dicho aval se obtuvo el 14 de febrero del pasado año y ya el 27 se practicaron las detenciones en cascada, quedando el policía nacional como presunto cabecilla de toda la trama. Todos continúan en prisión preventiva.
