UGT Servicios Públicos y la Delegación del Gobierno en Ceuta han mantenido este miércoles una reunión con el objetivo de tratar las diversas problemáticas que sufren las componentes del colectivo de auxiliares del servicio para la dependencia y la ayuda a domicilio en la ciudad autónoma, una circunstancia que, según indican desde la formación, “no para de crecer”.
En esta cita han estado presentes la responsable de esta área sindical, Latifa Ahmed, y la máxima representante del Ejecutivo nacional en la ciudad, Cristina Pérez.
Entre las cuestiones tratadas entre ambas formaciones, destacan las agresiones verbales y físicas que están soportando estas trabajadoras por parte de familiares de algunos usuarios y que se hacen cada vez más frecuentes.
Cabe recordar que a mediados del mes de a finales del pasado mes de mayo que estas empleadas se encuentran indefensas “ante la actitud de familiares, fundamentalmente”.
Una circunstancia de la que, según señalaban se ven “desprotegidas ante agresiones” y ante las cuales se sienten desprotegidas a causa del “maltrato psicológico, menosprecio, trato vejatorio que en ocasiones ya empieza a llegar incluso a agresiones físicas”.
Además, continuaban indicando que ni siquiera pueden plantearse el hecho de defenderse, debido a que “los familiares llaman a las empresas y, lógicamente la cuerda siempre se rompe por la parte más débil y dada su precariedad laboral pueden sufrir despidos”.
Por esta razón pedían a las instituciones competentes (Delegación del Gobierno y Ciudad Autónoma de Ceuta) que “sean vigilantes de las condiciones en las que desarrollan su trabajo las auxiliares de ayuda a domicilio, que se garantice el respeto y la dignidad de estas cualificadísimas profesionales y que se creen protocolos de actuación ante estos lamentables hechos que empiezan a ser frecuentes y que tengan en cuenta que estas situaciones se dan en el domicilio particular del agresor”.
Asimismo, quisieron mostrar su “completo e incondicional apoyo” a estas trabajadoras, además de indicar que ponen a disposición de estas “todos nuestros medios, tanto el asesoramiento laboral, como el asesoramiento jurídico o de cualquier otro tipo”.
También se ha tratado de los cambios permanentes de cuadrantes que van en detrimento del servicio, ya que los usuarios no disponen de la misma persona para realizar el mismo “con el consiguiente perjuicio tanto para la trabajadora como para el usuario”, detallan.
Igualmente, desde la formación sindical se le ha informado a la delegada que el elevado número de usuarios que se le asignan a cada trabajadora, que, según señalan, “incluyen en numerosísimas ocasiones largos desplazamientos de un domicilio a otro, impiden por completo realizar el servicio correspondiente”.
Sobre estas problemáticas, apuntan que la delegada se ha mostrado “muy receptiva” a las demandas del colectivo “que presta un servicio fundamental a nuestros mayores y a personas vulnerables” y añaden que se ha comprometido a que de inmediato va a dar las órdenes oportunas a los responsables para que todas estas deficiencias se vayan solucionando.
Finalmente, por parte de la organización ugetista se le ha planteado a Cristina Pérez la necesidad de unificar todos los servicios existentes de ayuda a domicilio y que en lugar de ser un servicio privatizado donde prima el beneficio de la empresa concesionaria, pase a ser un servicio público y de calidad en beneficio de nuestros mayores y de las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio.
Sobre este planteamiento, la delegada del Gobierno se ha comprometido a estudiar las fórmulas que puedan hacer posible este cambio de modelo lo antes posible, por lo que desde UGT expresan agradecimiento por su “interés y compromiso en solucionar toda esta problemática”.
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