UGT impugna entre contradicciones 84 plazas en Amgevicesa

El presidente de la Junta de Personal de la Ciudad, el ugetista Antonio Ramírez, ha anunciado este martes la interposición de un conflicto colectivo en Amgevicesa contra las bases publicadas el pasado 19 de agosto en el BOCCE para consolidar 84 plazas de auxiliar de control en la empresa municipal. El sindicalista ha dejado caer que ese procedimiento es una artimaña preelectoral del Gobierno que terminará por poner en riesgo la estabilidad de toda la administración, pero simultáneamente ha reconocido que UGT firmó las mismas bases con idénticos “disparates” legales para consolidar 35 puestos en esa sociedad.

Durante su comparecencia, Ramírez ha defendido al mismo tiempo que la Ciudad tiene demasiadas sociedades municipales y que habría que crear otra para gestionar directamente los autobuses urbanos. A la vez también ha denunciado que el gasto en Personal de la administración local se está desbocando, pero ha reclamado que se restablezca el pago de un “premio” a los empleados públicos al jubilarse en concepto de “fidelidad” porque “ya está presupuestado”.

Ramírez, que ha llevado el peso de su rueda de prensa junto a Juan Francisco Vega, ha empezado en tono alto, alertando de que las bases para consolidar 84 plazas de auxiliares de servicios son un “disparate” legal porque esos puestos “no están creados desde enero de 2018 y establecen como requisito eliminatorio el concurso [sumar 20 puntos de experiencia]”.

Posteriormente ha reconocido que esa última apreciación no es, de momento, más que una “opinión” y que UGT “no sabe” a qué plazas concretas se refiere el procedimiento, si a las “últimas encomiendas” o a otras precedentes. Tampoco conoce si el conflicto colectivo interpuesto sobre un procedimiento podría paralizar el anterior.

El “fondo” del asunto es, a su juicio, que Amgevicesa se está saliendo de madre y “por el camino que lleva va a llegar a los 500 trabajadores”. “Esto pone en riesgo grave a más de 2.000 familias, que son las que componen la Ciudad, sus organismos autónomos y sus empresas municipales... Hasta hace poco hablaban de crisis, de que no hay dinero, y esta empresa se está sobredimensionando hasta puntos no sostenibles”, ha alertado.

“En equis tiempo tendremos un ERE”

“Esto hay que paralizarlo porque lo único que va a traer como consecuencia es que en equis tiempo, suponemos que la próxima Corporación, se encontrará con un tema que acabará en un expediente de regulación de empleo”, ha contextualizado Ramírez, que ha argüido que si las bases previas para consolidar 35 puestos, exactamente iguales a las objetadas ahora, no se denunciaron por UGT fue porque “no les prestamos atención”, ya que había trabajadores con “muchos años” de trayectoria involucrados. Sí ha puesto en la picota, sin embargo, el “espanto” que le produce que el documento que firmaron superase el filtro del secretario del Consejo de Administración.

Según Ramírez, la inclusión de la experiencia como requisito es una artimaña del Gobierno para “engañar” a la ciudadanía. “Por un lado hablan de crear 84 puestos a turno libre y luego dicen que la fase de concurso es eliminatoria... Aquí lo fácil es decir ‘todos pa’dentro’, pues que Vivas contrate a todo el mundo”, ha lamentado antes de exigir respeto a “los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Preguntado por su posición sobre el sector público periférico, el ugetista ha cuestionado la necesidad de empresas como Puerta de África, Parque Marítimo, Procesa o Emvicesa y ha abogado por “racionalizarlo” (“estamos de acuerdo con el Gobierno de Rajoy”), aunque “sin despedir a nadie”. Además, ha criticado que “en Melilla hay 3 o 4 sociedades municipales y aquí no sé cuántas”, pero ha abogado por no incluir la gestión de los autobuses urbanos entre los cometidos de Amgevicesa, sino por crear otra.

Igualmente, pese al pavor que le produce el gasto de la Ciudad, ha intentado sostener que no hay contradicción entre abogar con CSIF por que se gasten 700.000 euros este año en “Premios de Fidelidad” a los empleados públicos que se jubilen y en augurar que si el Gobierno no cambia de rumbo “en un año” los funcionarios estarán manifestándose ante la Asamblea “para poder cobrar” sus nóminas.