El presidente del Comité de Empresa de la prestataria del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos, Trace, el ugetista Agustín Miranda, ha defendido este miércoles la validez, legalidad y transparencia del listado ordenado por antigüedad de sus 161 trabajadores de fin de semana.
A pesar del revuelo que ha generado la lista, el sindicalista ha señalado que su elaboración se ha basado en criterios objetivos y parámetros legales.
En primer lugar Miranda ha argumentado que se ha tenido en cuenta “como establece la ley” la fecha de los contratos como fijos discontinuos de los operarios, cuya antigüedad reconocida oscila entre el 2 de abril de 2022 de los 'cabeza de cartel' y el 24 de junio del año pasado del último de la fila.
El presidente del órgano de representación de los trabajadores ha precisado que aquellos que comparten fecha de contrato han sido a su vez ordenados teniendo en cuenta su “continuidad” durante los últimos cuatro años. Con ese baremo los mejor clasificados son aquellos que más días han trabajado durante el último cuatrienio.
Miranda también ha señalado que el hecho de que se haya difundido hasta tres listados diferentes en apenas 24 horas (el primero con 115, el segundo con 159 y el tercero con 161) responde a que el primero solo era un “borrador” y a que en el segundo faltaban dos nombres debido a un error informático en la confección del documento.
El ugetista ha animado a los disconformes con su ubicación en el listado a dirigirse a la empresa para dejar constancia de su discrepancia y, en caso de existir algún error, corregirlo.
El listado no tendría, en principio, efecto alguno sobre la subrogación de personal en la nueva empresa pública que la Ciudad prevé constituir para asumir la gestión directa del servicio, pues en todos los casos es superior a 6 meses, el mínimo establecido en la legislación.
Los trabajadores molestos temen, sin embargo, que sí podría tenerlo a la hora de ponderar los méritos de cada uno en el futuro cuando la administración active procesos de promoción interna para aspirar a contratos a jornada completa. “De esta forma se pretende conseguir que los 'enchufados' de algunos sean los primeros en conseguir progresar laboral y salarialmente aunque ya no sea en una empresa privada, sino incluso dentro de la administración”, alertan.
Uno de los argumentos que sustentan la propuesta de municipalización del servicio es ganar en “transparencia” en la contratación de personal, así como en la gestión de los recursos humanos.
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