Las Secciones Sindicales de
UGT y
CSIF en la Ciudad Autónoma han remitido al Gobierno de Ceuta una propuesta “simplificada” para llegar a un acuerdo rápido, “antes de que termine la legislatura”, con la administración sobre el establecimiento de un nuevo
Premio de Fidelidad y Permanencia que sustituya al de Jubilación declarado ilegal por la Justicia.
Ambas centrales ya hicieron llegar a la Consejería de Hacienda a finales de agosto del año pasado una propuesta para abonar entre 25.000 euros y
70.000 euros a los trabajadores que se jubilen habiendo acumulado servicios efectivos para la administración local de entre 25 o 30 y 50 o más años.
Para acceder a ese “Premio a la Fidelidad o Permanencia” sería requisito inexcusable, según su planteamiento, que todavía no ha tenido respuesta de los Servicios Jurídicos de la Ciudad, “no haber sido objeto de sanción penal o disciplinaria grave”.
Se trataría de un abono “único y no acumulable” que se podría solicitar “una sola vez durante la carrera profesional con la Ciudad, en cualquier momento de la vida laboral y hasta seis meses después de producirse el cese en la actividad”.
La propuesta contemplaba que los herederos legales de un empleado público también podrían ser beneficiarios de esta recompensa si la solicitasen en su nombre “dentro del plazo máximo de seis meses desde su fallecimiento” si este tuvo lugar en servicio activo sin haberla reclamada.
UGT y CSIF creen que su idea es viable legalmente porque, a diferencia de los premios de jubilación rechazados por el Supremo, en el que se trataba de premiar la jubilación anticipada”, el objeto que fundamentaría la recompensa que plantean es “la fidelidad y permanencia en la Ciudad Autónoma de Ceuta, que hasta ahora solo se reconocía con una placa conmemorativa”.
El Ejecutivo local también tiene sobre la mesa una propuesta de CCOO para poner en marcha un Plan de Productividad que ya se dotó con 700.000 euros en los Presupuestos de 2022, como en los de este año.
La alternativa de CCOO pide valorar criterios objetivos
El premio de jubilación que percibían los empleados públicos de la Ciudad al pasar a ser pensionistas oscilaba entre 12.420 euros si lo hacían a los 64 años y se elevaba a 46.575 si dejaban sus puestos a los 60. El Supremo avisó en 2018 y 2019 de que alteraban el régimen retributivo sin cobertura legal ni justificación y el Ejecutivo de Vivas los dejó en suspenso en 2021. CCOO ha propuesto reemplazarlos por un Plan de Productividad de abono en una liquidación al término de la carrera profesional sin establecer cantidades “fijas”, sino “parámetros objetivos” y “coeficientes correctores” a partir de los expedientes personales de cada empleado.