UGT y CSIF piden crear un Premio a la Fidelidad al personal de la Ciudad

Las Secciones Sindicales de UGT y CSIF en la Ciudad han propuesto crear un nuevo Premio a la Fidelidad y la Permanencia en la administración local de Ceuta que reemplace al de jubilación una vez anulado el artículo 18 del vigente Acuerdo Regulador a instancias del Tribunal de Cuentas “por presunta falta de legalidad”. Ambas centrales han explicado este domingo en un comunicado que han estado trabajando “en la elaboración de un texto que supere las trabas legales que a nivel nacional se han estado poniendo a los citados premios de jubilación”.

El mismo ha sido estudiado por los Servicios Jurídicos de los dos sindicatos, que no han encontrado “obstáculos legales para su aceptación por parte del Gobierno de la Ciudad y ajustándose a la dotación presupuestaria destinada al sustituto del anulado Premio de Jubilación”, que preveía el abono de entre 12.400 y más de 46.000 euros.

“Se ha adaptado la nueva redacción del texto del artículo a lo aprobado en varios ayuntamientos sin problemas legales”, han señalado UGT y CSIF, que opinan que “a diferencia del anterior, en el que se trataba de premiar la jubilación anticipada, el objeto de éste es premiar, como bien dice su nombre, la fidelidad y permanencia en la Ciudad Autónoma de Ceuta, que hasta ahora solo se reconocía con una placa conmemorativa”.

Las dos centrales ya han pedido a la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, que “inicie la negociación de dicho cambio lo antes posible en el ámbito de la Mesa General, pues hay demasiados empleados que esperan el abono de este premio”. “Estamos convencidos de que, dado que existe buena fe negociadora por ambas partes e interés por poner en marcha esta modificación del Acuerdo Regulador – Convenio Colectivo, la negociación será fructífera y esperamos que en breve se pueda poner en marcha”, desearon.

Investigación contable

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (TCu) ha pedido a la Ciudad Autónoma de Ceuta para que le remita este verano el soporte documental y normativo que justificase el pago en 2018 de 15 premios de jubilación anticipada a otros tantos empleados públicos, así como las actuaciones realizadas, en su caso, para conseguir el reintegro de los 437.000 euros desembolsados contra el criterio de la Justicia.

También ha reclamado “nombre, apellidos, DNI, dirección a efectos de notificaciones y correo electrónico de las personas que efectuaron el gasto y de aquellas que lo fiscalizaron o aprobaron”. El objetivo del requerimiento es determinar si los hechos denunciados por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado “pueden ser o no generadores de responsabilidad contable por alcance”, es decir, si cabe reclamar a políticos o funcionarios la restitución de los fondos públicos abonados de manera presuntamente ilícita.

A primeros de septiembre del año pasado el interventor alertó en un informe de la apertura de diligencias preliminares en el Tribunal de Cuentas. El Gobierno decidió dejar “en suspenso” el abono de esos premios contra los que se había pronunciado el Supremo en marzo de 2018 y de 2019 al entender que suponían “una alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las administraciones locales que carece de cobertura legal y de justificación”.