UGT celebra la nulidad del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre el puesto de Oficial Mayor

La Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado el fallo emitido por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta en el que, a instancias de los Servicios Jurídicos de UGT, se declaraba la nulidad del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de fecha 16 de mayo de 2022, relativo a la aprobación de la propuesta presentada por la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, sobre la aprobación definitiva del acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de enero de 2.022, de modificación del sistema de provisión del puesto de trabajo de Oficial Mayor.

"En esta lucha histórica que viene desarrollando UGT Servicios Públicos durante más de veinte años contra la ausencia de un Secretario General que vele por la legalidad de lo que ocurre en la Administración de la Ciudad, por enésima vez (y van…) la Justicia ha vuelto a darnos la razón. La Ciudad de Ceuta es un Ayuntamiento de 1ª categoría, pese a las múltiples artimañas que ha empleado el Ejecutivo Local para tratar de “colocarnos” a habilitados nacionales de 3ª categoría".

UGT exige la reposición de un Secretario General

"Estamos convencidos que tanto la Ciudad, como la propia afectada van a recurrir al Supremo en casación, aún a sabiendas que el Alto Tribunal les va a inadmitir el recurso, produciendo un gasto a las arcas públicas con el único objetivo de ganar tiempo para pensar y elaborar una nueva artimaña (otra más) para prolongar la ausencia de un Secretario General que vele por los intereses de todos los ciudadanos, sin estar al dictado de lo que le convenga al Ejecutivo Local", afirmaron.

UGT Servicios Públicos exige al Gobierno de la Ciudad que cese en este proceso de seguir burlándose de la Justicia prolongando esta anómala situación de manera artificiosa, y que, como exige la Ley, tras veinticinco años de ausencia, se reponga la figura de un Secretario General que nos dé a los ciudadanos las garantías necesarias de que la actuación de esta Administración se ajusta a la legalidad. En cualquier caso, la UGT, inasequible al desaliento, seguirá en esta lucha hasta el final.