La Comisión Europea ha respaldado las críticas planteadas desde distintos colectivos de consumidores y ha puesto en cuestión la normativa española sobre el registro de viajeros en hoteles y empresas de alquiler de vehículos, una medida que desde su entrada en vigor en 2024 había generado numerosas quejas por su complejidad y por el volumen de información exigido.
Según la información difundida por la Asociación Española de Consumidores, Bruselas considera que el sistema implantado por el Gobierno español resulta excesivo, difícil de aplicar y potencialmente contrario a los principios europeos de protección de datos, lo que abre la puerta a una posible revisión o derogación de la norma.
La normativa cuestionada obliga a los establecimientos turísticos y a las empresas de alquiler a recabar y almacenar hasta 42 datos personales de cada viajero, un requisito que, según denuncian los consumidores, ha provocado retrasos en los procesos de check-in y ha generado incomodidad entre usuarios y profesionales del sector.
La Asociación Española de Consumidores ya había manifestado su rechazo a esta obligación desde diciembre de 2024, alertando de la carga administrativa que suponía y de las dudas que generaba en materia de privacidad y seguridad de la información.
Entre las principales preocupaciones se encontraba el hecho de que los datos deban conservarse durante un periodo de hasta tres años en los servidores de los establecimientos, lo que incrementa el riesgo de incidentes de ciberseguridad y posibles filtraciones.
El organismo de consumidores también había cuestionado la utilidad real de la medida, al considerar que las personas que pudieran representar un riesgo difícilmente facilitarían datos reales en este tipo de registros, mientras que los usuarios habituales ven aumentados los trámites sin un beneficio claro en términos de seguridad.
Además, se advertía de que el sistema podía ser especialmente vulnerable debido a la posibilidad de errores o falsedades en información básica como correos electrónicos o números de teléfono, lo que reduce su eficacia operativa.
La posición de la Comisión Europea supone ahora un punto de inflexión. Según la valoración trasladada desde la UE, la normativa española no se ajustaría plenamente al marco comunitario en materia de protección de datos, lo que refuerza las peticiones de modificación o retirada de la regulación.
Desde la Asociación Española de Consumidores se ha reclamado de forma expresa la derogación inmediata de la norma, así como la elaboración de una regulación alternativa más sencilla, proporcional y alineada con el derecho europeo.
El colectivo insiste en que es posible diseñar un sistema de control que garantice la seguridad sin imponer cargas excesivas ni comprometer la privacidad de los ciudadanos, apostando por una solución más equilibrada y eficiente.
Mientras tanto, el sector turístico y las agencias de viajes permanecen a la espera de posibles cambios normativos que puedan aliviar la carga administrativa y simplificar los procedimientos de registro para viajeros en España.
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