La UCO entra en Ferraz y reclama documentación interna del PSOE por el 'caso Leire'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este miércoles en la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, para requerir documentación relacionada con la investigación judicial abierta en torno al denominado ‘caso Leire’.

La actuación se ha producido por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y se centra en una supuesta trama destinada a recopilar información sensible sobre miembros de la Guardia Civil, jueces y fiscales vinculados a investigaciones que afectan al entorno socialista.

Por ellos, los agentes solicitaron acceso a correos electrónicos, libros contables, sistemas internos de gastos, registros de visitas y documentación vinculada a viajes y reuniones celebradas entre 2024 y 2025.

La investigación trata de esclarecer si existieron pagos o relaciones contractuales entre el partido y personas investigadas como Leire Díez o el empresario Javier Pérez Dolset.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que instruye el 'caso Leire Díez' ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervenga los correos electrónicos del que fuera secretario de Organización el PSOE, Santos Cerdán, y también de la actual gerente, Ana María Fuentes, entre otros, así como un "examen íntegro 'in situ' de los libros contables" del partido y el listado de acceso a la sede federal de la considerada 'fontanera' Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset.

También ha solicitado rastrear las agendas y el acceso de coches al párking subterráneo en Ferraz, sede federal PSOE en Madrid, y ha solicitado una información detallada de todos los viajes, hospedajes y alquileres de vehículos que por parte de este partido se hayan organizado o gestionado tanto de forma individual como conjunta con otras personas, según el auto de requerimiento al que ha tenido acceso Europa Press.

El requerimiento afecta a las direcciones de correo electrónico de cuentas corporativas del PSOE del que fue su secretario de Organización, Santos Cerdán, y también de la gerente, Ana María Fuentes, además de a otros cargos de la formación como Celia Rodríguez y el exresponsable de comunicación, Ion Antolín, así como a direcciones de correo asociadas a la gerencia de los socialistas.

Investigación judicial y posibles delitos

El procedimiento judicial apunta a una posible estructura organizada que habría intentado desacreditar o interferir en investigaciones policiales y judiciales en marcha. Entre los delitos que analiza la Audiencia Nacional figuran presuntos casos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad documental.

La causa tiene su origen en los audios difundidos en 2025 y publicados inicialmente por varios medios de comunicación españoles, en los que Leire Díez aparecía presuntamente buscando información comprometedora sobre responsables de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas. El PSOE abrió entonces un expediente informativo interno a Díez, aunque negó que actuara en nombre del partido.

Reacción del PSOE y tensión política

Desde el PSOE han insistido este miércoles en que existe “tranquilidad” y plena “colaboración con la justicia” ante el requerimiento efectuado por la Guardia Civil. Fuentes socialistas recalcan que la actuación de la UCO consistió en una petición de información y no en un registro judicial de la sede de Ferraz.

La entrada de los agentes en Ferraz ha provocado además una fuerte reacción política. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la convocatoria inmediata de elecciones generales, mientras distintas formaciones reclaman explicaciones al Gobierno sobre el alcance de la investigación y la relación de los investigados con la dirección socialista.

La documentación requerida por la UCO

Entre la información solicitada por los investigadores figuran los volcados completos de correos electrónicos de responsables de gerencia del partido, respaldos digitales, procedimientos de autorización de pagos y movimientos económicos internos.

También se requirió el registro de acceso a la sede de Ferraz en varias fechas concretas, así como información relativa al acceso de determinados vehículos al aparcamiento del edificio.

La investigación permanece bajo secreto parcial de sumario y, según las informaciones publicadas, el juez prevé nuevas declaraciones e interrogatorios en las próximas semanas dentro de una causa que continúa ampliándose y que mantiene elevado el nivel de tensión política en el panorama nacional.