La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el primero de los dos recursos interpuestos por la
Delegación del Gobiernoen Ceuta y el Ejecutivo regional contra la sentencia de primera instancia que, el pasado 14 de febrero, declaró ilegal la
devolución de 55 menores marroquíes no acompañados a su país al margen de lo previsto en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Por esa actuación está pendiente todavía de dilucidarse también la apertura de
diligencias penales a instancias de la Fiscalía contra la delegada, Salvadora Mateos, y la consejera de Presidencia, Mabel Deu. "No es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos, ya que ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de
repatriación", concluyó el Juzgado número 1 de la ciudad hace cuatro meses.
Ahora la Sala ha “respaldado” el “pronunciamiento de fondo” del Juzgado de Ceuta y ratifica que “los actos propios de la Administración demandada [la Delegación del Gobierno] hicieron imposible el seguimiento de trazabilidad de las medidas de retorno que aplicó”. “Su actuación material, exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes”, remarca. El TSJA ha concluido que el carácter “súbito y masivo e ilegal” de la crisis fronteriza de mayo de 2021, en el marco de la que los
menores expulsados habían accedido a territorio español, “en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley”. “La Delegación del Gobierno en Ceuta además de no individualizar los expedientes de retorno por cada menor afectado omitió todos los trámites esenciales y cautelas procedimentales de obligado cumplimiento para la repatriación” que recoge la legislación española que el Acuerdo de Cooperación de 2007 entre España y Marruecos en el que supuestamente se amparaba la devolución exprés de los niños exige expresamente acatar. La sentencia recurrida obligaba a la Administración General del Estado a "adoptar las medidas necesarias" para conseguir "el retorno de los menores de edad [no acompañados] que fueron efectivamente repatriados" y en cuyo nombre se formuló la primera demanda de protección de derechos fundamentales por parte de la Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios, un total de 8, aunque la Delegación advirtió que no acataría el veredicto hasta que fuese firme, para lo que podría ser necesario llegar al Supremo. Raíces ha explicado este jueves que “aún se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto por las dos mismas administraciones frente a otra sentencia sobre otros 12 niños en similares circunstancias”. Pendiente de resolución por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta sigue otro recurso en representación de 7 menores más. El presidente de Coordinadora de Barrios, Javier Baeza, ha valorado que la sentencia del TSJA “recuerda a las autoridades que no puede haber recortes en los Derechos de la infancia” y ha advertido que “ahora queda restaurar el daño causado a los niños afectados, reconstruir su confianza y asegurar que algo así no vuelva a pasar”. Para la abogada de la entidad, Patricia Fernández, “el pronunciamiento de la Justicia es claro: el control de la frontera no puede ser una excusa para excepcionar la aplicación del Derecho: ni en Ceuta en agosto de 2021, ni en Melilla en junio de 2022”. “Resulta frustrante comprobar que las administraciones públicas siguen vulnerando los derechos fundamentales de las personas migrantes y en especial de los niños y niñas que llegan solos a España y nos llena de impotencia que esto siga ocurriendo a pesar de los múltiples pronunciamientos judiciales que, sobre este asunto, obtuvimos hace más de 12 años y cuyo contenido se niegan a asumir nuestros distintos Gobiernos”, ha señalado la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.