El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha plasmado en su Memoria Judicial correspondiente a 2019 los problemas más graves que afectan a las distintas sedes judiciales bajo su competencia y, cómo no, ha vuelto a insistir, como lleva años haciéndolo, en la falta de instalaciones apropiadas en nuestra ciudad que sigue necesitando de una sede única que no termine de construirse. Así, tal y como se recoge en dicha memoria, esa responsabilidad de las infraestructuras depende
del Ministerio de Justicia, que sigue sin cumplir sus deberes. “La unificación de algunas sedes judiciales en el antiguo Banco de España debería haber comenzado a materializarse en noviembre de 2017 y todavía se desconoce cuándo podrá trasladarse la Sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz y distintos Juzgados de la ciudad”, advierte el TSJA, bajo la presidencia de Lorenzo del Río. “Al parecer se licitó una segunda fase en ese nuevo edificio, pero está todo paralizado y no hay información cualificada al respecto. Mientras tanto, la Sección de la Audiencia se mantiene en el edificio Ceuta Center, con graves carencias y bastante dejadez en su mantenimiento, al tiempo que siguen los Juzgados ubicados en tres sedes distintas. Podemos hablar, sin temor a equivocarnos, de dependencias judiciales muy inapropiadas en Ceuta”, concreta.
En términos globales, el TSJA apunta a que los juzgados y tribunales de Andalucía resolvieron durante el año 2019 casi la totalidad de los asuntos que ingresaron pese al aumento de la litigiosidad experimentada durante el último año. En 2019 los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma ingresaron 1.242.678 asuntos frente al 1.209.533 del pasado año, lo que revela un aumento de la litigiosidad del 3% y sitúa a Andalucía en el segundo lugar a nivel nacional. Las cifras recogidas en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2019 no reflejan una realidad muy diferente a la apreciada en memorias anteriores y vuelven a exteriorizar, como cada año, una carga de trabajo demasiado elevada para normalizar la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces.
Problemas tecnológicos graves
En esta ocasión se alude específicamente a la pandemia del coronavirus, lo que ha terminado por afectar al desarrollo de las vistas judiciales debiendo suspenderse en Ceuta porque no se está preparado tecnológicamente para celebraciones virtuales. “La pandemia de coronavirus que afectó al país y provocado la declaración del estado de alarma ha tenido una grave incidencia general en la actividad judicial y, aunque no ha ocasionado su cese total, causará un considerable incremento de la litigiosidad. Nos encontramos ante un horizonte incierto, que nos obliga a gestionar la carga de trabajo pendiente antes de la emergencia sanitaria, que ya presentaba síntomas de colapso, junto a la presumible avalancha de nuevos asuntos vinculados a la crisis socio-sanitaria, lo que amenaza con tensionar aún más el sistema judicial”, explica el TSJA.
La Memoria refleja que esta crisis sanitaria ha puesto de relieve nuevamente “la falta de modernización del poder judicial” y ha dejado patentes “nuestros límites y nuestra fragilidad, al contrario que otros sectores y profesiones que han trabajado online con mucha mayor eficiencia”, afirma el presidente del TSJA, Lorenzo del Río. En este sentido, el presidente añade que “encuentra complicada justificación que se hayan tenido que paralizar los procesos y más del 90% de la actividad judicial, cuando llevamos años implementando el uso de los medios digitales para mejorar la gestión y modernización de nuestros juzgados y tribunales, que, no olvidemos, es también un mandato legal. La incidencia, repito, habría sido mucho menor en otro contexto organizativo y tecnológico del que por ahora carecemos”.
Ante este panorama, Lorenzo del Río subraya que nuestro país sigue careciendo “de un sistema equilibrado de resolución de conflictos” y en el mismo existen demasiados incentivos para la litigación. Por ello, el presidente del TSJ de Andalucía insistió un año más en la necesidad de “contemplar con naturalidad un enfoque distinto a la respuesta tradicional e institucionalizada de la justicia” y abogó por “implantar -obligatoriamente- sistemas complementarios de resolución de conflictos”. “Reclamamos con urgencia un sistema de justicia eficiente y responsable, un cauce complementario de resolución de conflictos, donde la justicia restaurativa, la mediación, formen parte también de la tutela judicial efectiva. Es obligado salir de la situación actual donde la mediación se sigue aplicando con cuentagotas, para que llegue a formar parte de nuestro sistema jurídico legal, lejos de personalismos o voluntarismos“, señaló.
Las cifras de Ceuta según los distintos juzgados
En la Memoria vuelve a analizarse la actividad de los distintos órganos judiciales en nuestra ciudad. En el caso de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, compuesta por tres magistrados, se registraron 632 asuntos y se dictaron 469 resoluciones, produciéndose una media de 210 ingresos por magistrado. El cuarto magistrado que llegó a tener la sede de Ceuta está adscrito a Cádiz y solo permaneció en funciones de sustitución y refuerzo. Si bien la Audiencia presenta una línea de ingresos que ha fluctuado a lo largo de los años, ha aumentado en este último un 24%, de acuerdo con los datos del TSJA que apunta a que todas las Secciones de Audiencia han resuelto por encima del 80% de la carga total del trabajo penal. En cuanto a la plantilla judicial, considera el Tribunal Superior que tanto Ceuta como Melilla tienen una “plantilla equilibrada” en función del número de asuntos civiles y penales ingresados. Además se cuenta con un juez de adscripción territorial añadido al número de titulares de órganos unipersonales que vienen desarrollando labores de sustitución o refuerzo. En cuanto al movimiento de asuntos penales, el nivel de resolución de los asuntos que llegan es óptimo, recogiéndose un ingreso de 573 asuntos, 1.222 ejecutorias para dos órganos que registran una media de ingresos de 287. Lo Social y Contencioso Administrativo responden también satisfactoriamente a la carga recibida y se señala, de manera específica, la “poca carga de trabajo” que tiene el juzgado de vigilancia penitenciaria.