La Sección de Enjuiciamiento del
Tribunal de Cuentas (TCu) ha decidido meter mano a fondo en el pago de
horas extraordinarias al personal funcionario de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, donde los últimos intentos de la Consejería de Economía, Hacienda y Recursos Humanos por poner orden han pinchado en hueso, especialmente con algunos colectivos. Según el último informe del órgano de fiscalización, en 2019 “el 51%” de los funcionarios de la administración local recibió “gratificaciones” por la realización de ‘horas extra’ cuya retribución “se realizó de forma periódica en el tiempo y fija en cuantía”, contraviniendo la ley de Reforma de la Función Pública.
El montante de la irregularidad en la que presuntamente se podría haber incurrido se cifra por parte de la instructora del expediente en algo más de 1,1 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas quiere cerciorarse de “si los servicios extraordinarios retribuidos se prestaron efectivamente”. “Se trata de verificar su realización o no con independencia de otras circunstancias, por lo que en la cumplimentación del requerimiento habrán de participar los órganos competentes que autorizaron la prestación de tales servicios y se aseguraron de su realización”, explica.
Los abonos que podrían considerarse indebidos superan ligeramente los 1,1 millones
En esa línea, el órgano fiscalizador ha solicitado a la Ciudad que antes del próximo 21 de noviembre le haga llegar información “concisa, clara y ordenada” que recoja, entre otros extremos, “el número de horas de carácter extraordinario abonadas en el ejercicio 2019 a cada funcionario; el detalle del mes, día y hora en que se efectuaron (fuera de la jornada laboral, como corresponde a su propia naturaleza) y la descripción detallada del concreto servicio prestado para su devengo”.
También habrá de recogerse “el titular del departamento que autorizó desde un punto de vista organizativo la prestación de tal servicio y su justificación”.
El TCu también reclama que, si se han detectado, se le trasladen los pagos indebidos que se localicen por trabajos no prestados de forma efectiva o realizados dentro de la jornada laboral de cada empleado público.
La Consejería de Hacienda deberá hacer un informe sobre el control horario que aplica al personal de la Asamblea y cómo verifica la realización efectiva de horas extra y su duración.