El Gobierno de Ceuta habría sobrevalorado el remanente
presupuestario disponible en 102 millones
en 2020. Así lo advierte el Tribunal de
Cuentas (TC) en su Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Ciudad Autónoma. Aunque considera el TC que la Cuenta General de Ceuta presenta fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios en el patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto de las entidades que se integran en ella, apunta una gran salvedad. Esta no es otra que la diferente consideración con el organismo en lo que respecta al remanente presupuestario del año 2020, el de la pandemia. Según el Informe la Ciudad habría sobrevalorado en 102 millones la cuantía disponible realmente y esto provoca que algunas modificaciones de crédito no cuenten con "cobertura financiera". No se concreta cuales serían las afectadas por esta circunstancia. El TC entiende que este desajuste se produce como consecuencia de obligaciones y derechos imputados por defecto o en exceso en el presupuesto de la Administración General de la Ciudad.
Balance de 2020
En 2020 la
Ciudad Autónoma de Ceuta tuvo un presupuesto consolidado de 315 millones de euros y un gasto consolidado de 333 millones de euros. Debido a la situación excepcional provocada por el coronavirus la Ciudad Autónoma recibió aportaciones públicas extraordinarias por 31 millones de euros, que paliaron la reducción de la actividad producida y la consiguiente disminución de los recursos propios de la Ciudad. El informe recoge también que la pandemia obligó a las entidades que integran el sector público de Ceuta a redirigir parte de sus recursos financieros, humanos y materiales a la atención de las urgentes necesidades derivadas de la pandemia en detrimento de sus actividades habituales.
Recomendaciones a Ceuta
El Tribunal de Cuentas establece varias recomendaciones a la Ciudad Autónoma de Ceuta que afectan a los estados contables. Una de estas es completar el inventario de bienes y derechos realizando recuentos físicos y valoraciones de los elementos del inmovilizado. Además, el Pleno sugiere aprobar anualmente un plan de control financiero que recoja las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio, y revisar los procedimientos de tramitación y pago de las facturas para reducir los periodos medios a los proveedores. Este periodo pasó de 33 días en el primer trimestre a 42 días en el cuarto trimestre.