La diputada pregunta por el traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios del Ministerio de Hacienda a la Seguridad Social

El pasado 22 de abril, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Un texto que incluye, en la disposición transitoria segunda, que “de forma inmediata” se inicien los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera que “permitan la asunción de la gestión de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social”. Un cambio, sin previo debate parlamentario, del que Vox ha pedido ya cuentas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, es una de las que firma esta interpelación registrada ante el “gran revuelo” que ha causado la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de las pensiones de los funcionarios del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y es que, incide Vox, el traspaso se ha aprobado “sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias de este colectivo”.

“¿Cuál es el alcance del traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones?”, se interesa Vox, que también pregunta sobre en qué medida a afectar este cambio a las pensiones de los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Por último, el partido pide al Ejecutivo que aclare si va a afectar el traspaso a las cuantías que deben percibir los funcionarios de la Administración Civil del Estado.

El Gobierno incluyó en el decreto de medidas para luchar contra los efectos económicos del coronavirus para hacer la transferencia de Hacienda, quien se hacía cargo hasta ahora, de esta competencia a la Seguridad Social. La decisión supone que el instituto previsor público suma las prestaciones 637.213 pensionistas del sector públicos a las que ya gestiona y una partida de gasto de unos 15.000 millones.