Nunca hubo tantas trabas a un proyecto que perseguía normalizar los traslados de menores a la Península. El enfrentamiento liderado por el PP a nivel nacional para poner en contra a los territorios bajo su control político fue la traducción del interés más bajuno y deleznable que pueda estilarse.
No pensaron más que en sus intereses y en sus votos para enarbolar una bandera contraria a la normalización de los traslados a la Península de los menores llegados a Ceuta, Canarias o Melilla. Los de la ciudad hermana desempeñaron un juego hipócrita, yendo contra ese real decreto, pero a su vez, beneficiándose de las consecuencias de estos cambios.
Convertir Ceuta, Melilla y Canarias en algo así como cárceles de menores parecía ser la aspiración de un PP nacional que se mueve en los brazos de Vox, buscando que le acune si eso va a suponer mayor número de votos.
Los resultados de un gesto político que parecía impensable se centran en haber conseguido que más de mil menores estén en otros centros del país, en aplicación de ese concepto de la solidaridad que tanto gusta en los discursos, pero tan poco se aplica.
Aquí todos somos muy buenos, pero mientras el problema lo sufre casi en exclusiva un par de territorios, nadie quiere arrimar el hombro para cooperar en una solución compartida.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, puso ayer las cifras a esos traslados logrados de menores, lo que ha evitado que, por ejemplo, Ceuta colapsara.
Van a seguir entrando, van a seguir huyendo de Marruecos, porque existe un problema a nivel diplomático para intentar contener esta situación cuya solución no pasa por extender el problema condenando a los territorios frontera a ser lo receptores indirectos de toda la inmigración.
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