Hamid Al Daraq, diputado en la Cámara de Representantes de
Marruecos, ha presentado una pregunta parlamentaria en la que interpela al Gobierno acerca de si va a "permitir la entrada en la ciudad de Ceuta sin restricciones a todos los
trabajadores marroquíes con tarjeta
transfronteriza caducada". Aunque este representante por el distrito de Tetuán todavía no ha recibido respuesta, que la Unión Socialista de Fuerzas Populares se haya interesado en el Parlamento por esta cuestión ya ha generado interés a ambos lados de la frontera. En su exposición dirigida al ministro competente, Hamid Al Daraq recuerda que el anuncio de reapertura de la frontera terrestre en Marruecos y Ceuta supuso un alivio para sus poblaciones limítrofes tras una larga espera de dos años desde su cierre para contener el avance del coronavirus. Durante este tiempo, continúa el diputado, las tarjetas de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras transfronterizas vencieron y, destaca en su pregunta parlamentaria, "solo pueden renovar su validez en su lugar de trabajo en Ceuta, pero les sorprendió una decisión de las autoridades españolas que les obliga a presentar
un visado" especial para entrar en la ciudad autónoma desde el próximo 31 de mayo.
"Sorpresa" por la decisión del visado especial
En definitiva, la pregunta que resume la inquietud de los transfronterizos, y que el socialista traslada al ministro responsable es la siguiente: "¿Cuáles son las medidas urgentes y las medidas que se pueden acordar con las autoridades españolas para facilitar y permitir la entrada de estas personas en Ceuta para arreglar su situación?". La fecha de registro en la Cámara de Representantes es del 19 mayo, apenas dos días después de la reapertura de la frontera. La Unión Socialista de Fuerzas Populares calcula que las personas de la región de Tetuán que esperan para poder entrar en esta segunda fase de reapertura de la frontera por motivos laborales se eleva a 3.600 marroquíes, mientras que el sindicato Unión Marroquí del Trabajo habla de más de 5.000 compañeros que perdieron los contratos que les permitían entrar y trabajar en Ceuta y
Melilla.