El efecto llamada del asilo es una trampa que tarde o temprano tendrá sus consecuencias. Lo ha advertido la propia Delegación del Gobierno en Ceuta, cuya titular ha recalcado que los marroquíes que hayan marchado a la Península con su solicitud admitida a trámite serán expulsados a su país cuando la misma les venga rechazada, algo que suele ocurrir en la amplia mayoría de los casos. Y además esa expulsión lleva consigo la prohibición de entrada a Europa y por tanto también a España durante un periodo de 5 o 10 años. La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha advertido que cuando la frontera abra esas personas no podrán acceder a territorio nacional.
En datos, han retornado a su país de manera voluntaria 3.474 personas desde junio, a estas se suman las devoluciones de 124, es decir, marroquíes que llegan irregularmente a Ceuta por ejemplo por vía marítima y que son aceptados solo en algunos casos por Marruecos.
En cuanto a las solicitudes de asilo se han tramitado 1.230, ya que se llegan a hacer entre 30 y 36 diarias. De todas ellas, se tiene constancia de la salida a la Península de 263 marroquíes. La propia Mateos ha recalcado que si bien esa vía “se ha tomado como el camino más rápido para ir a la Península, el resultado puede ser peor por pedirlo”, ya que si no tienen motivo para la obtención de esa protección se dicta expulsión y se prohíbe entrar en Europa entre 5 o 10 años. Solo un 4% de marroquíes consigue el asilo. Así que el futuro es poco prometedor para estas personas.
La oficina de asilo acelerará sus trabajos ya que se espera la incorporación para septiembre de 200 funcionarios que atenderán de manera prioritaria a Ceuta y Melilla. Se puede producir ese efecto llamada, porque se resuelve lentamente al haber poco personal pero ahora, con la llegada próxima de funcionarios para atender de manera específica el asilo ya no tendrá tanta fuerza.
En Marruecos no hay casos de persecución, salvo situaciones excepcionales, como ha verificado la propia delegada, por lo que esa petición de asilo se hace para pasar a la Península sin medir las consecuencias. Cuando se empiecen a resolver esas peticiones, las personas que han pedido asilo y les haya llegado denegado, no volverán a su país y estarán entre 5 y 10 años sin poder cruzar, ya que están localizados y se les notificará. Cuando se abran las fronteras no podrán entrar y salir.
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