El Ministerio Fiscal pide penas de hasta 3 años de
prisión para los principales implicados en una trama que, gracias a la tapadera de una gestoría que funcionaba en pleno centro de Ceuta, realizaban
contratos fraudulentos para que sus receptores obtuvieran así determinados beneficios.
Hay 7 personas acusadas de falsedad documental, pero en esa particular
pirámide delictiva las penas más elevadas se solicitan para una pareja que suma a la petición de cárcel una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios.
Fiscalía les señala como coautores de un delito continuado de falsedad documental que pudieron ejecutar a través de su gestoría, el primero en calidad de administrador de la misma y la segunda como su empleada.
Así, entre los años 2019 a 2022 se aprovecharon del acceso que tenían en el sistema red de la Tesorería General de la
Seguridad Social para gestionar altas y bajas de trabajadores a cargo de empresas con las que ellos trabajaban pero que desconocían de estas artimañas.
En esos tres años habrían logrado urdir un plan para formalizar contratos de trabajo ficticios forjando una supuesta
relación laboral a espaldas de los dueños de los negocios cuyos datos fiscales eran empleados para esta ilegalidad.
Los contratos no se efectuaban para prestar servicio a los empresarios sino que se hacían de manera fraudulenta para dar altas en la Seguridad Social y garantizar permisos administrativos de los ‘clientes’ ante otros organismos oficiales.
El perjuicio generado era doble: primero a los empresarios por cuotas generadas en la Seguridad Social y después a la propia Tesorería.
Junto a esta pareja figuran otros dos acusados por el mismo delito que se enfrentan a 2 años de cárcel y multa de 12 meses a 20 euros diarios, y tres más por falsedad documental a los que se pide 1 año de prisión y multa de 10 meses con una cuota diaria de 10 euros.
La UCRIF ha llevado a cabo varias investigaciones en torno a este tipo de fraudes
La investigación llevada a cabo por la UCRIF
de la Policía Nacional desbarató esta auténtica cadena delictiva, procediendo a la detención de los implicados para los que el Ministerio Público formula acusación y solicita la apertura de juicio oral.
Este asunto es una guinda más de un auténtico negocio cada vez más floreciente que se mueve en la línea del fraude. Mediante manejos de datos fiscales y sin conocimiento de empresas se procede a la práctica de contratos que servirán para que sus beneficiarios, por ejemplo, regularicen su situación.
Es la ley de la oferta y la demanda. Ya son varios casos similares los que han llegado
al juzgado dando pie a sentencias condenatorias. Lo más curioso es que en varios de los casos ya sentenciados y otros que quedan por juzgar los acusados son las mismas personas, es decir se incurre en una reincidencia en la comisión del delito.
En este caso concreto se usaban empresas existentes pero en otros se crean ficticias con altas simuladas en la Seguridad Social para, por ejemplo, beneficiar a
solicitantes extranjeros que necesitan acceder a prestaciones o tienen que cumplir requisitos para optar a la nacionalidad.
Los fraudes se nutren de un público que necesita de estas gestiones para obtener beneficios laborales y evitar, por ejemplo, expulsiones del país.
A pesar de los golpes asestados por la Policía y la respuesta judicial dada, el negocio puede más y sigue estando activa la maquinaria para ejecutar esos delitos.
En datos
Qué pasó
De diciembre de 2019 al mismo mes de 2022
Fue cuando los principales acusados, aprovechándose de la gestoría en la que trabajaban, realizaron varios contratos de manera fraudulenta. Las empresas no sabían que a sus espaldas se estaban realizando esas relaciones laborales que eran falsas.
Para qué
Obtención de beneficios
Quienes firmaban esos falsos contratos estaban de alta en la Seguridad Social aunque nunca trabajaban generando cuotas a cargo de empresarios ajenos a este delito. Esta ficticia legalidad era aprovechada para otros trámites administrativos orientados a la residencia legal con vistas a la nacionalidad.
Perjudicados
Empresarios
Son las principales víctimas y de hecho se pide que, de ser condenados, los acusados tengan que indemnizarles. A ellos se suma la propia Tesorería de la Seguridad Social por las cuotas no abonadas.