Tragsa pedirá el archivo de la causa por cómo seleccionó peones en 2017

Casi catorce meses después de que Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui llevasen al Juzgado en forma de denuncia la contratación de medio centenar de peones sin pasar por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) por parte de Tragsa el verano pasado para empezar a ejecutar la primera gran encomienda que le adjudicó el Gobierno de Vivas, la de limpieza de playas y otros espacios públicos, las diligencias 539/17 siguen vivas.

La acusada se ha personado, de hecho, “como parte interesada” con abogado y procurador, según informaron ayer fuentes judiciales a este periódico, con el objetivo de pedir el sobreseimiento del procedimiento en base a dos argumentos básicos.

Por un lado, la empresa pública va a incidir en sede judicial en que el SEPE requería aproximadamente dos meses para cumplimentar todos los trámites necesarios para seleccionar a los peones necesarios, un plazo incompatible con la necesidad de empezar a prestar cuanto antes la tarea encomendada, que entre otras misiones incluía la retirada de algas de las playas en plena temporada de baño.

Por otro, Tragsa va a defender que aplicó de forma rigurosa tanto el Convenio de Limpieza local como el nacional. “La empresa tiene muchas connotaciones de constructora y de hecho está haciendo múltiples trabajos en Ceuta de ese tipo pero en ese caso se trataba de una operación de limpieza”, han desgranado las fuentes consultadas por ‘El Faro’.

Para Caballas “el indubitado carácter público estatal de Tragsa” forzaba a la empresa “al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en materia de recursos humanos”, en concreto a darle “publicidad” a sus convocatorias de empleo y a sus bases; “transparencia”; e “imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección”.

El Convenio Colectivo de Tragsa también estipula que el personal que incorpore tiene que ser elegido y contratado “previa convocatoria y proceso de selección de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad” estableciendo previamente “el ámbito territorial, los criterios de baremación y los requisitos de los aspirantes”.

Caballas, que denunció, baraja ser acusación

El portavoz de la coalición Caballas, Mohamed Ali, que puso la denuncia en el Juzgado contra el proceder de Tragsa y que desde entonces no ha vuelto a tener “ninguna noticia” sobre el procedimiento, según lamentó ayer en declaraciones a este periódico, adelantó también que la formación localista no descarta ejercer el papel de acusación popular en el proceso “a la vista de la gravedad de los hechos y de que el nivel de exigencia por parte del Gobierno del PP a la empresa pública de respeto a los principios constitucionales de igualdad y publicidad para crear empleo en Ceuta, capital del paro, no han subido”.

Ningún investigado y en fase de instrucción, según el TSJA

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) explicaron ayer que las diligencias abiertas tras la denuncia de Caballas, que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, no incluyen “ningún” investigado y el proceso está en fase de recopilación de pruebas y resolución de recursos después de que Tragsa presentase originalmente otro abogado “que desistió”

Según los denunciantes, Tragsa, para la ejecución de la referida encomienda de limpieza y de conformidad con el pliego de condiciones técnicas que la sustentó, incorporó a 60 personas sin que hubiese existido convocatoria pública a tal efecto y sin proceso de selección conocido”.

Alí pidió al juzgado que ordenase las actuaciones contra la empresa

Ali pidió expresamente al Juzgado de Guardia que ordenase “las actuaciones pertinentes contra la empresa para depurar las responsabilidades penales que se pudieran derivar de los hechos relatados”.

Según Tragsa, los peones contratados para limpiar zonas de difícil acceso, el área fronteriza y otros espacios singulares salió de los currículum que la empresa tenía al no ver viable efectuar el proceso de selección a través del SEPE, como se comprometió a hacer en el futuro. El Gobierno local también pidió a la empresa que en ocasiones venideras diese al menos publicidad en los medios a la existencia de vacantes.