La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha dejado visto para sentencia un juicio por un delito contra la salud pública en el que se ha debatido no la autoría de los hechos, sino la capacidad volitiva del acusado.
Este fue interceptado con dos kilos de cocaína en su vehículo tras desembarcar en el puerto ceutí procedente de Algeciras, en el mes de marzo de este año.
Durante la vista oral, el acusado reconoció los hechos desde el inicio, admitiendo que transportaba la droga, pero explicó que lo hizo bajo una grave adicción a la cocaína que padece desde hace años. “Llevo muchos años consumiendo, y desde hace dos es algo continuo, todos los días”, relató ante el tribunal.
Según su declaración, había consumido droga antes de embarcar en el ferry y apenas recordaba con claridad el momento de su detención porque se encontraba bajo los efectos de los estupefacientes.
Añadió que desde el año pasado acude a un centro de desintoxicación en Marbella, aunque reconoció que no ha logrado abandonar el consumo por completo.
“Quería entregar la droga para aliviar mis deudas”, confiesa el acusado.
En su testimonio, el acusado manifestó que su intención era entregar la sustancia a otra persona para salir de sus deudas, además de guardar parte para su propio consumo.
“He hecho eso por estar enfermo, no para ganar dinero”, declaró en su última palabra ante el tribunal, reiterando su deseo de continuar el tratamiento de desintoxicación, ya que, según dijo, en prisión no podría seguirlo adecuadamente.
Los guardias civiles que intervinieron en la detención declararon que el acusado fue interceptado durante un control rutinario de vehículos procedentes de Algeciras. Uno de ellos afirmó que la droga se encontraba oculta en la palanca de cambios del coche. Además, aseguró que meses antes el mismo individuo había sido sorprendido con hachís en el mismo lugar de ocultación.
Los agentes coincidieron en señalar que el detenido se mostraba tranquilo y colaborador, y que no aparentaba estar bajo los efectos de ninguna sustancia. Uno de ellos precisó: “No daba señales de nerviosismo ni síntomas visibles de consumo reciente”.
Por su parte, la instructora de la Guardia Civil confirmó que recogió en el atestado las declaraciones de sus compañeros y que no recordaba que la Defensa solicitara una prueba toxicológica durante la fase inicial del procedimiento. Sin embargo, el letrado defensor aportó la demostración de que un análisis médico realizado al día siguiente de la detención dio positivo en cocaína.
El perito de la Defensa, psicólogo del centro de desintoxicación de Marbella, declaró que el acusado inició tratamiento en septiembre del año pasado y que presentaba síntomas de ansiedad y deseo intenso de consumo.
Según explicó, su adicción es severa, y en el momento de los hechos sufrió una “gran recaída”, lo que a su juicio mermó sus capacidades volitivas.
El experto señaló que el acusado podía estar bajo los efectos de la cocaína durante la detención, aunque esa circunstancia no siempre resulta perceptible a simple vista. “No es como el alcohol, cuyos efectos son más evidentes”, argumentó.
El Ministerio Fiscal mantuvo la acusación y solicitó nueve años de prisión por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. El fiscal subrayó que “no hay duda de que portaba la cocaína, porque el propio acusado lo ha reconocido”, y que su condición de consumidor “no lo exime de responsabilidad penal”.
Además, destacó la coherencia de las declaraciones de los guardias civiles, quienes en ningún momento apreciaron signos de alteración o consumo.
En contraposición, la Defensa insistió en que nunca negó la posesión de la droga, sino que el acusado actuó con sus facultades mentales mermadas a causa del consumo.
El abogado alegó que existe un informe pericial que demuestra que en el momento de los hechos su cliente había ingerido una gran cantidad de cocaína, lo que debía considerarse como una eximente completa o, en su defecto, un atenuante muy cualificado.
El defensor también resaltó la relevancia del testimonio del psicólogo del centro de rehabilitación, quien ha seguido de cerca la evolución del acusado y respalda la tesis de una adicción severa que influye directamente en su comportamiento.
El tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha dejado la causa vista para sentencia. La decisión judicial deberá determinar si prevalece la tesis de la Fiscalía, que reclama pena de prisión por tráfico de drogas, o la de la defensa, que solicita una atenuante significativa o la eximente total por drogadicción.
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