La Consejería de Hacienda del
Gobierno de Ceuta ha impuesto a
Trace la obligación de seguir prestando la
limpieza pública viaria y la recogida de residuos urbanos de acuerdo con el Plan de Servicios vigente “por un plazo de un año o hasta la
formalización del nuevo contrato si este plazo es menor”. La UTE, participada en un 66,4% por ACC y en un 33,5% por Lirola, deberá certificar sus trabajos de manera mensual. El contrato adjudicado a esta licitadora en 2013 expiró el pasado 1 de febrero, pero la administración le ha obligado a seguir prestando el servicio por su “carácter básico y prioritario del que no resulta posible prescindir bajo ninguna circunstancia”. “Debido a que la limpieza viaria es una competencia de obligada prestación municipal por estar así dispuesto legalmente, resulta imprescindible mantener el servicio sin interrupciones”, concluye el decreto firmado por Kissy Chandiramani. El responsable del contrato ha propuesto “
mantener el mínimo preciso para un correcto desarrollo del servicio y un incremento en los precios unitarios de modo que se mantenga el equilibrio económico de la prestación”.
Los nuevos pliegos dividirán la concesión en tres concursos por cauces diferenciados
El presupuesto anual con el Plan de Servicios vigente se eleva a 22 millones de euros, cantidad con la que se cree posible “atender los mayores gastos y la variación en el precio de los servicios derivados de una inflación que no conocíamos desde hace varios lustros”. En concreto se ha establecido una actualización de precios media del 20,5% que se dispara hasta el 33% en el caso del mantenimiento de la maquinaria “dadas sus actuales condiciones derivadas de sus horas de trabajo”. “El hecho de que sea necesaria esta ampliación del servicio actual se debe a la alta inflación, la dificultad para fijar unos precios estables para los próximos cuatro años y las anomalías derivadas de la ruptura de las cadenas de suministro a nivel mundial”, argumentan los informes técnicos evacuados. El Gobierno de la Ciudad lleva aproximadamente un año trabajando en los nuevos pliegos de la concesión, que se dividirá en tres concursos: de gestión del servicio, de maquinaria y para la construcción de su sede pública. La continuidad ordenada “no puede servir como un mero pretexto para dar cobertura jurídica a una situación irregular y meramente transitoria que se prolongue indefinidamente en el tiempo” y la nueva licitación debería publicarse durante las próximas semanas con el objetivo de que haya adjudicataria después de verano. Por ello Chandiramani ha ordenado continuar “con la máxima diligencia” con el expediente iniciado.